Cada vez es más frecuente ver a motociclistas rodando con cámaras instaladas en el casco. Algunos lo hacen para tener un registro de lo que ocurre en la vía y otros para generar contenido en redes sociales. Sin embargo, pocos saben que esta práctica está regulada por normas del Ministerio de Transporte y que su uso indebido puede derivar en una sanción económica considerable.
Aunque la Ley 769 de 2002 ya fija reglas sobre el comportamiento de quienes conducen motocicletas, fue la Resolución 23385 de 2020 la que estableció condiciones específicas sobre cómo debe usarse el casco en el país.
Esta resolución determina los requisitos mínimos para el uso del casco por parte de conductores y acompañantes de motocicletas, motociclos, mototriciclos, motocarros y cuatrimotos, con un objetivo central: proteger la vida de los usuarios y reducir las lesiones graves en caso de siniestros viales, especialmente los traumas craneoencefálicos.
Uno de los puntos clave de la norma indica que la cabeza del motociclista debe ocupar completamente el interior del casco, garantizando que cumpla su función de protección según su diseño. Esto implica que el sistema de retención debe estar en buen estado, correctamente ajustado y sin daños en correas o broches.
En cuanto a dispositivos adicionales, la resolución es clara: no se pueden llevar elementos que se interpongan entre la cabeza y el casco. El texto menciona que no se deben portar dispositivos móviles de comunicación o teléfonos en esa zona, salvo que se utilicen accesorios que permitan operar con manos libres.
Esto tiene implicaciones directas para las cámaras tipo GoPro u otros dispositivos similares. Si la cámara instalada en el casco afecta el campo visual, la estabilidad del casco o cualquier aspecto que comprometa la conducción segura, el motociclista puede ser sancionado por las autoridades de tránsito.
La norma advierte que quienes incumplan estas disposiciones se exponen a las sanciones contempladas en el literal C del artículo 131 del Código Nacional de Tránsito. Para 2026, estas multas tipo C tienen un valor de $633.200.
Además de la sanción económica, no usar el casco de manera adecuada puede ser motivo de inmovilización de la motocicleta por parte de la Policía de Tránsito.
La regulación también hace una precisión sobre los cascos abatibles o modulares: durante la conducción deben permanecer completamente cerrados y asegurados, de modo que protejan la cara tanto del conductor como del acompañante.