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La Jueza 36 Penal Municipal de Bogotá, al estudiar la tutela que luego fue revisada por la Corte Constitucional, autorizó la interrupción voluntaria del embarazo, procedimiento que ya fue realizado. | Foto: Foto: Archivo de El País

SALUD

Este es el panorama del aborto legal en Cali

Tras sentencia de la Corte la mayoría de IPS en la ciudad ofrecen el procedimiento, pero aún hay fallos. Abortos clandestinos, una de las 5 causas de mortalidad materna.

3 de noviembre de 2019 Por: Redacción de El País

En Cali, asegura el médico Simón Uribe Salazar, gerente de la regional occidente de Profamilia, la interrupción voluntaria del embarazo, en los casos que lo permite la ley, es un derecho que se solicita “con bastante frecuencia”. Según las estadísticas de la entidad, el promedio es de cinco procedimientos al día.

Entre enero y octubre de 2019, solo en las tres clínicas de Profamilia en la ciudad – Aguablanca, Versalles, Tequendama – se han realizado 1641 interrupciones voluntarias del embarazo; 164 al mes.

Las estadísticas de interrupciones voluntarias del embarazo tanto en Cali como a nivel nacional crecen cada año. Solo Profamilia, en 2017, reportó 10514 procedimientos en todo el país; en 2018 fueron 18.870; el 2019 se calcula que finalizará con 21.300.

Quienes solicitan el aborto legal no son solo ciudadanas colombianas. En los primeros diez meses del año, 814 migrantes venezolanas solicitaron la interrupción voluntaria del embarazo en Profamilia; 34 brasileras (en Brasil el aborto es ilegal); 9 francesas, 8 estadounidenses; incluso una ciudadana de Nepal y dos de China.

Algunos de los procedimientos de las migrantes que no tenían cobertura en salud fueron realizados gracias a donantes internacionales o a convenios con ONGS que trabajan con esta población.

El incremento de esos números en parte se explica por la sentencia C - 355, que aclara que el aborto es legal en Colombia bajo tres causales: que el embarazo haya sido producto de una violación o de un incesto; o que la salud de la madre esté en riesgo o con afectaciones, y eso incluye la salud mental; o por malformaciones no compatibles con la vida, lo que quiere decir que lo más probable es que cuando el feto nazca, no sobreviva mucho tiempo.

Es decir: cada vez son más las ciudadanas que acceden a la interrupción voluntaria del embarazo, acogiéndose a la sentencia de la Corte.
Sin embargo, los especialistas tienen una sospecha: aún son mayoría quienes desconocen la ley, y por lo tanto no acuden al sistema de salud para solicitar la interrupción voluntaria del embarazo, por lo que apelan a sitios clandestinos o a métodos caseros.

Según la Encuesta Nacional de Demografía y Salud – ENDS 2015- cerca del 45% de las mujeres en el país, en un rango de 13 a 49 años, desconoce el contexto legal del aborto en Colombia.

Además todavía hay barreras por parte de algunas EPS e IPS que les impiden a las mujeres acceder a un aborto seguro, una problemática que pone en riesgo sus vidas.

Un informe de la Organización Médicos Sin Fronteras denuncia que el aborto no seguro, es decir el que se realiza en sitios clandestinos, es una de las cinco principales causas de mortalidad materna en el mundo, junto con las hemorragias, las infecciones, la presión arterial alta y el parto obstruido. “Además, es la única de las cinco que es casi totalmente prevenible. El aborto no seguro es responsable de al menos 1 de cada 12 muertes maternas”.

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El panorama del aborto tanto legal como ilegal en Cali es confuso. No existen estadísticas globales confiables que ayuden a dimensionar con exactitud cuántas interrupciones voluntarias del embarazo se realizan.
Paola Andrea Quintana, funcionaria del programa de salud sexual y reproductiva de la Secretaría de Salud municipal, explica que el aborto es un derecho fundamental que se hace valer cada vez más, “pero hay un subregistro alto en las cifras”.


En algunos casos se debe a que hay pacientes de Cali que son remitidas a hospitales de otros municipios como Tuluá, donde la interrupción voluntaria del embarazo se practica en cualquiera de las 40 semanas de la gestación, así sea en la etapa final, y aquello no se incluye en los registros de la ciudad.

Además las Ips no están obligadas a reportar las interrupciones legales del embarazo, a no ser que correspondan a casos en los que presuntamente se cometió un delito: un abuso sexual, una menor de edad embarazada.

En zonas como el Distrito de Aguablanca o Siloé, donde una gran parte de sus habitantes proviene del Pacífico o de comunidades indígenas de Nariño, algunas familias no confían en la medicina tradicional, por lo que prefieren apelar a prácticas caseras para abortar y eso tampoco se consigna en los registros.

Así las cosas, en las cifras de la Secretaría de Salud de Cali apenas se refleja que en el primer semestre de 2019 se reportaron 228 interrupciones voluntarias del embarazo, mientras que en todo el 2018 fueron 243. El dato real, por supuesto, es mucho mayor. Basta revisar los reportes de Profamilia, que es apenas una de las instituciones que realiza el procedimiento de interrupción voluntaria del embarazo en Cali.

Otras entidades, en cambio, mantienen un silencio sobre el tema, lo que tampoco aporta para entender el contexto real de lo que está sucediendo con el aborto.

La Fundación Sí Mujer aseguró “que no atendía a los medios de comunicación”. El Hospital Universitario del Valle, pionero en Cali en interrupciones voluntarias del embarazo – fue el primero en la ciudad en ponerlo en práctica tras la sentencia de la Corte en 2006 – tampoco suministró información sobre sus estadísticas ni aceptó delegar a un médico para conversar sobre el tema.

De momento, la sospecha tanto en Cali como en el país es que el porcentaje de las interrupciones voluntarias del embarazo que se hacen de manera legal es ínfimo, si se compara con los abortos clandestinos y no seguros.

Aquello se concluye tras estudios que repiten que cada año en Colombia se realizan 400 mil abortos, y que de ellos 380 mil serían ilegales o clandestinos. El problema es que comprobar eso no es tan fácil.

“El registro de abortos, cuando son ilegales, tiene los mismos problemas que el registro de otros delitos, más acentuados. A diferencia de un crimen en el que la víctima puede tener interés en reportar, nadie denuncia un aborto, salvo en casos excepcionales como la muerte de la mujer sometida a la operación. Como ya se señaló, hay numerosos testimonios de personas involucradas en un aborto que lo callan; por eso no se registra”, escribe el docente e investigador de la Universidad Externado, Mauricio Rubio, en un ensayo titulado ‘El mito de los 400 mil abortos en Colombia’.

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Paula Avila Guillén es la Directora de Campañas de Incidencia del Women's Equality Center, una entidad dedicada a apoyar iniciativas locales de comunicación estratégica.

En Cali, Pasto, Medellín, promueven la campaña ‘Todos somos una’, en la que, a través de un video, se explica en detalle cómo se accede al aborto seguro en el país, y los derechos que tienen las mujeres durante el proceso.

Es cierto que las cifras para dimensionar el acceso a este derecho no están tan claras, pero sí está comprobado, dice Paola, que aún el sistema de salud pone obstáculos que obligan a las mujeres a buscar otras alternativas, poniendo en riesgo su vida.

“Conocemos casos de EPS que exigen juntas médicas ante la solicitud de una interrupción voluntaria del embarazo, cuando las juntas no se requieren para estos casos. O piden exámenes médicos que son innecesarios, con el fin de retrasar el proceso. También hay entidades que alegan ser objetoras de conciencia, cuando por ley los únicos que pueden ser objetores de conciencia son los médicos, no las instituciones, que no tienen conciencia. E incluso los médicos que argumenten objeción de conciencia deben garantizar que alguien más haga el procedimiento, pero esto no ocurre siempre”.

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Paula, quien ha investigado el aborto desde hace varios años, asegura que cuando una mujer toma la decisión de detener su embarazo, lo va a hacer a como dé lugar así el sistema de salud pretenda ponerle trabas.

“Conozco casos de adolescentes que han optado por ingerir veneno para ratas. O que van donde yerbateras que les hacen tomar bebidas que les terminan generando hemorragias internas. Esto sucede por esas barreras del sistema de salud pero también porque los ciudadanos no conocen sus derechos. Igualmente, en el fondo, es un asunto económico. Las mujeres con recursos logran hacerse la interrupción de manera segura en un sitio adecuado. Las mujeres que no tienen esa posibilidad buscan otra alternativa ante las trabas del sistema de salud. Hay una frase sobre el tema que lo resume todo: las ricas abortan, las pobres se mueren”.

La abogada Mariana Ardila Trujillo, de la organización Women's Like, una entidad dedicada a la defensa de los derechos reproductivos de la mujer, opina algo similar.

“Las mujeres de todos los estratos sociales abortan, pero las más afectadas por las barreras son las de menores recursos y menos educación sexual, o que están envueltas en situaciones de violencia. Y hemos detectado situaciones administrativas irregulares, como que a las menores de edad que quieren practicarse una interrupción del embarazo les pidan consentimiento de los padres, lo que no es exigido por la ley, o que en los casos de violencia sexual se exija una condena para los agresores, lo que tampoco, por ley, se debe pedir”.

En las interrupciones voluntarias de un embarazo resultado de un acceso carnal violento, lo que se debe solicitar es la denuncia formal del hecho. Si la mujer no la interpuso, así sea meses después de la violación, le realizan exámenes médicos.

Hay casos sin embargo en que la mujer siente temor de denunciar porque eso pondría en riesgo su vida, debido a que el agresor es, por ejemplo, integrante de algún grupo armado, por lo que algunos médicos deciden apelar a la causal de afectación de la salud para realizar la interrupción del embarazo.

Todos Somos Una

Cuando se trata de una menor de 14 años, se debe alertar al Icbf porque podría tratarse de una víctima de abuso. Si la menor es mayor de 15 años, se reporta a una comisaría de familia, para que se verifique si el padre del feto es también un menor de edad, y en ese caso hacer un proceso de restitución de derechos, y si es mayor de edad, certificar que no esté violentando o engañando a la menor embarazada.

En el caso específico de Cali, según la Secretaría de Salud, las principales barreras que tienen las mujeres que quieren practicarse una interrupción voluntaria del embarazo son las demoras en las citas por parte de las EPS. En teoría, desde que se solicita un aborto legal, hasta que se realice, no deben pasar más de cinco días.

“En la práctica, en Cali, eso no se cumple siempre, porque a veces a la gestante le mandan exámenes de laboratorio, valoración por parte de un psicólogo, y en ocasiones esas citas son demoradas. O a veces la misma gestante se demora en hacer esos trámites. O también ha pasado que no está segura de practicarse un aborto. Todo eso conlleva a que el embarazo avance, cuando lo recomendable es practicar la interrupción voluntaria en el primer trimestre, es decir antes de las 12 semanas”, dice Paola Quintana, de la Secretaría de Salud Municipal.

En su despacho hay una línea de atención 24 horas para denunciar las demoras en las citas ante cualquier procedimiento, incluido los requeridos para la interrupción voluntaria del embarazo. El teléfono es 555 - 45 - 45.

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La ley colombiana protege el derecho al aborto bajo las tres causales determinadas por la Corte Constitucional, al punto que es un procedimiento que ni siquiera tiene costo para el ciudadano. Está cubierto por el Plan Obligatorio de Salud. Tras los fallos de la Corte, de hecho, en Cali la mayoría de IPS ofrecen el procedimiento.

El Hospital Universitario del Valle, por ejemplo, practica la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 22; el hospital Joaquín Paz Borrero lo implementó desde junio de 2018, pero hasta la semana 9 de gestación, cuando la interrupción se puede hacer a través de medicamentos; el hospital Primitivo Iglesias también empezó a hacer el procedimiento desde junio de 2018, y allí se atienden casos hasta la semana 9 de gestación, con medicamentos, y hasta la semana 12 con un método llamado Ameu: Aspiración Manual Endouterina. Se define como “una técnica médica para retirar el contenido del útero a través del cérvix por medio de una cánula”.

El Hospital Carlos Carmona ofrece la interrupción voluntaria del embarazo hasta las semanas 9 y 12 de gestación, la Fundación Sí Mujer hasta la semana 12, la Fundación Valle del Lili hasta la 22, Profamilia garantiza la atención en cualquier semana, la Clínica de Comfenalco hasta la semana 22, al igual que Imbanaco y la clínica Rey David. La clínica Sebastián de Belalcázar suspendió la interrupción voluntaria del embarazo desde el 15 de julio de 2019, pero debe garantizar el servicio, así que contrata a Profamilia.

Lo que se quisiera, sin embargo, dice el médico Simón Uribe Salazar, gerente de la regional occidente de Profamilia, es que no se llegue a ese punto: que no se requiera una interrupción voluntaria del embarazo. Para ello aún se debe insistir en la educación sexual y en facilitar el acceso a los métodos anticonceptivos.

De lo contrario, advierte un funcionario que pidió la reserva de su nombre, la interrupción voluntaria del embarazo, más que un derecho, se convertiría en un método anticonceptivo más: no cuidarse por la certeza de que me puedo practicar un aborto.

Así se accede al aborto legal en Colombia

Cuando existe un riesgo a la salud física o mental: se requiere certificado médico firmado por un médico general, especialista o por un psicólogo.
Cuando el feto tiene una malformación grave incompatible con la vida: se requiere un certificado médico firmado por médico general o especialista.

En caso de violación o incesto: copia del denuncio ante las autoridades.

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