Buenaventura en alerta: Defensoría advierte riesgo electoral por presión de grupos ilegales

La Defensoría del Pueblo emitió desde el 22 de septiembre de 2025 una alerta temprana en la que advirtió el riesgo que representa la presencia de estructuras criminales en el Valle del Cauca para las elecciones al Congreso y a la Presidencia de la República previstas para 2025 y 2026. El documento, conocido meses antes de los comicios legislativos, identifica a seis organizaciones de crimen organizado que podrían ejercer presiones o generar hechos de violencia contra candidaturas y votantes.

En la advertencia aparecen mencionados Los Shotas, Los Espartanos, Los Flacos, La Inmaculada y Rastrojos Nueva Generación, señalados por la entidad como posibles generadores de “presiones o violencias contra las candidaturas y electores”. La alerta fue acompañada por un llamado de atención a los gobiernos nacional, departamental y local para que adopten medidas frente a la situación de orden público en esta zona portuaria estratégica para la economía del país.

Según el informe, en municipios del centro del Valle estas estructuras ya habían sido señaladas tras las elecciones locales de 2023 por amenazas contra servidores públicos y por ejercer distintos tipos de presión política. Por eso, la Defensoría pidió una acción estatal “inmediata” ante lo que calificó como un deterioro sostenido de la seguridad.

El panorama es especialmente crítico en Buenaventura, donde la entidad documentó un agravamiento de la violencia entre febrero y marzo de 2026. En ese periodo se registraron al menos 23 homicidios, la mayoría de jóvenes entre 17 y 30 años, además de tres personas reportadas como desaparecidas. Las confrontaciones se concentran en comunas como San Francisco, San Luis, Juan XXIII y sectores de la comuna 12.

Para la Defensoría, estos hechos están ligados a disputas territoriales entre grupos armados por el control de economías ilícitas, en un contexto de reconfiguración interna tras capturas recientes de integrantes de estas organizaciones. Esa recomposición habría desatado ajustes internos y nuevas disputas por el dominio del territorio.

El informe también advierte una afectación directa sobre jóvenes que terminan siendo víctimas de reclutamiento forzado, señalados en medio de los enfrentamientos o involucrados en la captación de menores de edad.

Uno de los puntos que más preocupa a la entidad es que, mientras se desarrollan acercamientos y diálogos con el Gobierno en el marco de la política de paz total, algunas de estas estructuras continuarían ejerciendo control social y territorial sobre la población. La Defensoría advierte que podrían presentarse restricciones al proselitismo político, imposiciones indirectas sobre el voto o presiones a campañas que no se alineen con los intereses de estos grupos.