Defensoría del Pueblo realizó alerta por ola de homicidios y violencia en Buenaventura: “Violación de los derechos humanos”

La Defensoría del Pueblo emitió una alerta sobre el incremento de homicidios y hechos de violencia armada en Buenaventura, Valle del Cauca, donde entre febrero y marzo de 2026 se registraron al menos 23 asesinatos, la mayoría de jóvenes entre los 17 y 30 años.

Según la entidad, estos hechos se enmarcan en disputas entre grupos armados organizados que buscan expandir su control territorial, lo que refleja el incumplimiento de compromisos de desescalamiento de la violencia y la insuficiencia de la respuesta estatal.

Las disputas se han intensificado en varias comunas, especialmente en sectores como San Francisco, San Luis, Juan XXIII y zonas de la comuna 12. La Defensoría señala que el aumento de homicidios y otras vulneraciones a los derechos humanos responde a procesos de reconfiguración interna de los grupos armados, asociados a capturas de integrantes que han generado ajustes y nuevas pugnas por el control territorial.

Estas dinámicas, vinculadas también al manejo de economías ilícitas, han derivado en la consolidación de “fronteras invisibles”, restricciones a la movilidad y confinamientos de facto en distintos sectores de la ciudad.

La población joven es la más afectada, con patrones de reclutamiento, instrumentalización y señalamiento en medio de las disputas. Se ha documentado el caso de una menor reclutada y otro joven aprehendido por presunta vinculación con estructuras armadas, además de tres desapariciones que operan paralelamente al fenómeno del homicidio.

La falta de información y las dificultades en los procesos de búsqueda e identificación agravan la situación de las familias que esperan noticias de sus seres queridos. Además, la Defensoría también advierte sobre afectaciones en entornos escolares, extorsiones a comerciantes y transportadores, secuestros y enfrentamientos armados que han impactado viviendas y la movilidad de la población.

Estos hechos, señala la entidad, deterioran la organización social, la participación ciudadana y el ejercicio de derechos fundamentales. Ante este panorama, la Defensoría del Pueblo considera insuficiente la respuesta estatal frente a las dinámicas de control territorial de los actores armados.

La persistencia de homicidios, desapariciones y reclutamiento de menores evidencia la necesidad de ajustar las acciones institucionales y fortalecer su alcance en el territorio. Por ello, insta al Gobierno nacional, regional y local a implementar una intervención integral en seguridad, justicia y oferta social, priorizando los sectores más afectados y atendiendo de manera diferenciada a jóvenes, comunidades vulnerables y entornos educativos.

Finalmente, la entidad exige a los grupos armados en procesos de diálogo cumplir los acuerdos asumidos, respetar la vida e integridad de líderes y comunidades, y avanzar hacia su disolución y reintegración a la sociedad.