Reforma a la justicia avanza en el Congreso, ¿qué cambiaría?

Aunque para muchos es la ministra más técnica del presidente Iván Duque Márquez y por lo tanto la más distante de los políticos, Gloria María Borrero, jefe de la cartera de Justicia, alcanzó esta semana un primer logro en su gestión: la aprobación, en primer debate, de la reforma constitucional de ese sector.

La modificación estuvo rodeada de críticas y de falta de respaldos, incluso desde sectores cercanos al Gobierno Nacional, por lo que casi desde que se radicó el Ejecutivo tuvo que ceder en aspectos como cambiar el alcance de la acción de tutela.

Aunque todavía restan siete debates, el acto legislativo recoge propuestas del Gobierno, de Cambio Radical, el Centro Democrático y hasta del principal opositor del Ejecutivo, el senador Gustavo Petro.

Recurriendo a su estilo directo y puntual para reconocer errores propios y ajenos, la Ministra de Justicia habló con Colprensa sobre cómo va la reforma.

¿Se imaginó que el trámite de la reforma a la Justicia iba ser tan complejo?

Yo he estado en procesos anteriores y una reforma a la Justicia es compleja. Es que una reforma de estas es un tema delicado, importante, donde se juega el equilibrio de poderes, donde se juega la estructura del Estado. No me sorprende la complejidad del caso. Por el contrario, creo que, como ha habido tantos intentos fallidos de reforma y varios senadores que coinciden en este tema, están mucho más preparados para dar esos debates profundos al respecto.

¿Hasta dónde el Gobierno estará dispuesto a aceptar cambios en el segundo debate? ¿Será más difícil lograr aprobarla?

Será más difícil porque se incorpora mucha más gente. El tránsito de un cambio constitucional es así, no me sorprende nada. Los debates hay que darlos en el seno de la democracia, que es el Congreso, a todos hay que oírlos. El presidente Iván Duque eso lo tiene claro, por eso estamos abiertos a que se den los debates.

La idea es que salgan instituciones mejoradas y el Gobierno será un guardián para que no salgan deterioradas, así se defenderá su independencia, el equilibrio de poderes y el Estado de Derecho que se protege desde la Constitución del 91.

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¿Le molesta que Cambio Radical haya salido a decir que el 70 % de lo aprobado hace parte de la reforma que radicó ese partido?

No me molesta, nosotros tenemos la comparación de los tres proyectos. Hay cosas del Gobierno, de Cambio Radical y del proyecto del Centro Democrático. Yo no he hecho esos cálculos. Todos pusieron. Incluso el senador Gustavo Petro aportó sus granos de arena, como que la prioridad en la asignación del presupuesto debe ser para la primera instancia y la fórmula para que el presupuesto de la Rama Judicial vaya creciendo de acuerdo con los ingresos corrientes de la Nación.

¿Y de la propuesta del Gobierno, qué se mantuvo?

Toda la estructura de gobierno y administración fue la que llevó el Gobierno, como también lo de los requisitos de los magistrados. Yo no estoy en esas competencias de comparar, esta debe ser la reforma que se merecen los colombianos.

¿Fue un desacierto haber propuesto reformar la tutela, como se llevó en el proyecto original?

No fue un desacierto, lo que pasa es que, en aras de que pasaran otros temas, se deja a un lado, pero sí debemos ser responsables, el debate hay que darlo, los colombianos hemos abusado de la acción de tutela, los jueces también han abusado de ella. Esta es una acción excepcional para la protección de nuestros derechos fundamentales, pero se ha venido convirtiendo en una tercera instancia. Sin embargo, por ahora el debate no va.

¿Por qué se llegó a plantear que el Fiscal General de la Nación fuera elegido por el Presidente de la República?

Lo que venía de la propuesta del Gobierno era que el período del Fiscal era institucional y no personal, para evitar cosas que pasaron en el pasado. Esa era la principal reforma que quería el Gobierno y eso quedó.

La otra cosa es que como nosotros constitucionalizamos algunas normas para evitar el bloqueo de las elecciones y también, como pasó, que duramos más de un año sin Fiscal, dijimos en el proyecto del Gobierno que si en algún caso se redujera el quórum de la Corte Suprema y no se lograra la elección, lo escogiera el Presidente de la República, pero en la ponencia se cambió y se dijo que será la sala de gobierno la encargada, sino elige la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia.

El proyecto del Centro Democrático sí traía que la elección la hiciera el Presidente de la República. Entonces, lo que se decidió es que queda como está, con las normas de desbloqueo que acordamos con los ponentes.

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¿Y a usted le gustaba la idea de que el Fiscal General fuera elegido por el Presidente?

Nosotros nos opusimos, por eso dejamos las cosas como estaban y lo solucionamos con el periodo institucional.

¿Cómo sería la reforma que algunos ponentes pretenden que se dé en la Procuraduría General?

Esa es una iniciativa de Cambio Radical sobre la cual el Gobierno expresó que no está a favor. No es fortalecimiento de la Procuraduría, lo que ellos quieren es que se supriman unos cargos (600 en promedio) y que pasen al Poder Judicial. No es asignarles funciones jurisdiccionales a la Procuraduría.

¿Para agilizar los procesos, se le darían funciones a terceros para que resuelvan procesos judiciales?

No, el Gobierno se opuso a eso. Creemos que la fórmula, y el senador ponente Germán Varón lo está diciendo como no quedó aprobado, es que el Gobierno Nacional presentará en un año la desjudicialización de algunos conflictos para que sean conocidos por particulares con funciones jurisdiccionales o por autoridades administrativas. La idea es que al desjudicializar algunos conflictos los puedan conocer los notarios y los centros de conciliación, que puede haber arbitraje que lo volvemos legal y no voluntario. Se busca distribuir toda la conflictividad en diferentes operadores.

¿Sirve bajar a máximo un año el término en el que se definirá la situación jurídica de quienes están detenidos?

Ojalá fuera menos. La detención domiciliaria debe ser la excepción. En eso acompañamos a los senadores del Centro Democrático: sí es necesario elevar a nivel constitucional esa norma por el respeto a las libertades, que debe ser la regla general. Además, se necesita una norma transitoria para que la justicia se vaya adecuando y que no vayamos a estar dentro de dos años con unas excarcelaciones masivas. De verdad, parte de lo que hay que hacer con la política criminal es que la libertad sea la regla y la detención la excepción.

El tribunal de aforados fue la perla de la discusión esta semana. ¿Por qué no se logró?

Para mí la perla de la reforma a la justicia es la nueva estructura de gobierno y de administración. Con una adecuada estructura vamos a regular un mejor servicio público de la justicia, porque el mismo no depende del Congreso ni del Ejecutivo.

En la Comisión de Aforados, otro de los problemas graves que tiene la justicia es la falta de control de los altos cargos del Estado por la incompetencia de la Comisión de Acusaciones de la Cámara.

¿Pero hubo diferentes propuestas sobre ese tribunal de aforados?

Una es la que presentó el Gobierno, que se debe aclarar bien entre el juicio político y el juicio penal, y llevar este a la Corte Suprema y fortalecer un cuerpo de investigadores en la Cámara de Representantes, además de revisar los tiempos para reducirlos para que el antejuicio político sea muchos más efectivo.

Lo que pasa es que ellos (los congresistas) quieren el tribunal de aforados. Casi quedó aprobado, no es que se haya derrotado, se revivirá. Tenían temor de que no se cumpliera con las líneas rojas que puso la Corte Constitucional en la sentencia del equilibrio de poderes, nosotros sí creemos que la propuesta lo cumple, esperamos que ellos la lean mejor.

¿Un tribunal único sí es mejor a lo que se tiene hoy?

Puede que sí o puede que quede en la Corte Suprema el tema penal, pero lo más importante es que siga el antejuicio de indignidad en la Cámara y luego en el Senado, esa es una línea roja. Los altos magistrados de las cortes requieren un antejuicio político. La reforma debe respetar el antejuicio de los aforados, separar muy bien la acción disciplinaria de indignidad con la acción penal, esa acción penal se puede entregar a la Corte Suprema o a un tribunal independiente, esa es la gran discusión que se debe dar para el equilibrio de poderes, el tema está vivo, no se ha muerto.

Por ser una reforma constitucional, la Reforma a la Justicia debe tener su primera vuelta (cuatro debates) a más tardar el 16 de diciembre. Para que le alcance el tiempo deberá ser votada en la plenaria del Senado antes de mitad de noviembre y de ahí pasar a la Cámara de Representantes.

En la discusión en segundo debate se revivirá la figura del tribunal de aforados, el cual no se incluyó en esta primera votación pero sí se revivió.