Petro ordena licitación del Canal 1 pese a concesión vigente hasta 2037: crece preocupación por libertad de prensa

El presidente Gustavo Petro anunció, en un consejo de ministros televisado el pasado 15 de agosto, la apertura de un nuevo proceso de licitación para el Canal 1, pese a que la concesión del medio está vigente hasta el año 2037.

“La televisión debe tener una nueva forma de manejarse. Que no sea del gobierno ni de los grandes grupos económicos, sino de la juventud, la cultura y el arte. Por eso, ministro, tiene la orden de empezar la licitación del Canal 1”, afirmó el mandatario dirigiéndose al titular de la cartera TIC, Julián Molina.

Ante la instrucción presidencial, Plural Comunicaciones, actual operador del canal, respondió mediante un comunicado que la concesión adjudicada en 2017 tiene validez hasta 2037.

“El Canal 1 recuerda que su contrato se encuentra plenamente vigente y que desde su adjudicación se realizó una inversión superior a 117.000 millones de pesos para garantizar una programación plural y de interés público”, señaló la empresa.

En el mismo documento, el canal destacó que su parrilla de programación incluye espacios informativos como Noticentro 1, el magazine Lo Sé Todo, investigaciones periodísticas de La Silla Vacía, además de análisis y opinión a través de programas como La Polémica y el pódcast Acento de La Opinión.

“Hemos sido un espacio de información independiente con voces diversas y análisis de coyuntura nacional”, agregó la concesionaria

El canal también rechazó las acusaciones de supuestas irregularidades mencionadas por el presidente. “Plural Comunicaciones aclara que el proceso de adjudicación fue público, transparente y vigilado por los entes de control. No existe ninguna irregularidad en la operación de la concesión”, indicó en su pronunciamiento.

El anuncio presidencial ha puesto en el centro del debate la estabilidad del contrato que rige al Canal 1 y los alcances legales que tendría una nueva licitación mientras el actual convenio se mantiene en firme.

Por ahora, el pronunciamiento de la concesionaria marca distancia frente a la decisión del Ejecutivo y subraya que la operación se mantiene bajo los términos pactados en 2017.

Para muchos, lo sucedido trasciende un simple trámite administrativo y se convierte en un hecho con implicaciones directas sobre la independencia de la prensa. La controversia surge en un momento en que la pluralidad informativa ha sido objeto de debate en el país.

Este escenario lo ha convertido en un canal de referencia para sectores que reclaman mayor equilibrio en la televisión nacional.

La directriz presidencial, además, llega acompañada de cuestionamientos por supuestas irregularidades en el manejo de la actual concesión, aunque hasta el momento no se han revelado detalles específicos sobre esos señalamientos.