Iván Cepeda y el Pacto Histórico solicitan que la Fiscalía conserve el caso contra Álvaro Uribe

A pocas horas de que la Corte Constitucional tome una decisión clave sobre quién debe asumir la investigación contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por los hechos relacionados con las masacres de La Granja y El Aro, así como por el asesinato del defensor de derechos humanos Jesús María Valle, el senador Iván Cepeda y varios integrantes del Pacto Histórico solicitaron que el caso permanezca en manos de la Fiscalía General de la Nación.

La petición fue elevada mediante una carta dirigida al magistrado Jorge Enrique Ibáñez, en la que Cepeda sostiene que los hechos investigados ocurrieron entre 1996 y 1998, periodo en el que Uribe se desempeñaba como gobernador de Antioquia y no como presidente de la República.

Bajo ese argumento, el congresista considera que el proceso debe continuar en la justicia ordinaria y no ser trasladado a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes. La discusión jurídica se centra en definir cuál es la autoridad competente para adelantar las investigaciones.

Mientras algunos sectores han planteado que el expediente debería pasar a la Comisión de Acusaciones por tratarse de un exjefe de Estado, quienes respaldan la permanencia del caso en la Fiscalía consideran que los hechos ocurrieron antes de que Uribe llegara a la Presidencia y, por lo tanto, no estarían cobijados por el fuero especial que protege a los mandatarios por actuaciones relacionadas con el ejercicio de ese cargo.

En su comunicación, Cepeda argumentó que mantener la competencia en la Fiscalía contribuiría a garantizar los derechos de las víctimas y permitiría que el proceso avance dentro de la institucionalidad ordinaria.

La carta también fue suscrita por organizaciones de derechos humanos como el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos y el Colectivo de Abogados y Abogadas José Alvear Restrepo, que han seguido de cerca este caso durante años.

La posición del senador coincide ahora con la expresada por los representantes a la Cámara del Pacto Histórico que integran la Comisión de Acusaciones. A través de otro documento conocido este domingo, Alejandro Toro, Jorge Bastidas, Gabriel Becerra, Heráclito Landinez y María del Mar Pizarro solicitaron igualmente que la investigación continúe bajo la órbita de la Fiscalía.

Los congresistas señalaron que la entidad cuenta con mayores capacidades institucionales para desarrollar las actuaciones judiciales y responder de manera oportuna a las exigencias de verdad, justicia y esclarecimiento que reclaman las víctimas.

Además, subrayaron la importancia de que el proceso avance dentro de una jurisdicción con herramientas investigativas suficientes para abordar un expediente de alta complejidad. La decisión final quedará en manos de la Corte Constitucional, que deberá resolver el conflicto de jurisdicción y establecer qué autoridad continuará con el proceso.