Revelan presuntas irregularidades en la DNI durante el gobierno de Petro: espionaje, compras millonarias y otros hallazgos

Una serie de documentos reservados de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), conocidos por la Unidad Investigativa de Noticias Caracol, expone presuntas irregularidades en el funcionamiento de esa entidad durante el gobierno del expresidente Gustavo Petro.

Una fuente humana le reveló al medio citado anteriormente que el informe, rotulado como “reservado y de distribución controlada”, menciona posibles planes de espionaje a exmandatarios, intentos de interferir en procesos electorales y millonarias compras de equipos que habrían presentado fallas o no habrían cumplido su propósito.

De acuerdo con el informe, el gobierno de Gustavo Petro expidió el decreto 0563 del 3 de junio de 2026 con el objetivo de que el DNI participara en la asignación de los vehículos para los esquemas de los exmandatarios.

“Los vehículos automotores para el esquema de protección y seguridad serán asignados por parte del Ministerio de Defensa, las Fuerzas Militares, la Policía Nacional, la Unidad Nacional de Protección y la Dirección Nacional de Inteligencia”, se lee en el documento y fue citado por Noticias Caracol.

Según el hallazgo, “esto explicaría el interés específico de la DNI en participar de esta asignación; una entidad de inteligencia no tiene ninguna razón técnica para asignar vehículos de protección, a menos que el objetivo sea el control e inteligencia sobre las personas protegidas”.

Uno de los documentos centrales, denominado “informe de empalme”, de 26 páginas, que hasta ahora es desconocido y que está en poder de Noticias Caracol, fue elaborado en julio de 2026 y dirigido al nuevo director de la DNI; revelaría distintas actuaciones del gobierno anterior.

Juan Carlos Restrepo, exconsejero de seguridad nacional y exinspector de la DNI, señaló en entrevista con Noticias Caracol que es complejo poder determinar la intención o demostrar la intención que podían tener en esos actos, “pues claramente están obrando por fuera del marco de competencias y por fuera del campo de acción de la DNI”.

No obstante, Restrepo señaló que “la DNI al pretender espiar a los expresidentes interfiriendo presuntamente sus vehículos o hackeándolos o poniéndoles micrófonos, cámaras, qué sé yo, está metiéndose en un campo donde le está expresamente prohibido intervenir”.

Algo llamativo del escrito es que se menciona una presunta estrategia para obligar a la nueva administración de la DNI a reintegrar a la entidad personas de confianza del gobierno Petro.

“Con fecha 18 de junio de 2026, se identificó la salida planeada y coordinada al interior de la DNI de personal de confianza del Gobierno actual mediante declaratoria de insubsistencia sin justificación y sin debido proceso, como estrategia de continuidad de la operación. El objetivo sería que, tras el proceso judicial correspondiente y el restablecimiento de derechos, estas personas sean nombradas nuevamente en la entidad en años posteriores”, apunta el registro.

Además, en otro punto del escrito hace referencia a una vivienda que habría funcionado como sede operativa no registrada de la DNI, ubicada cerca de la Embajada de Estados Unidos en Bogotá: Según el expediente, “la casa habría sido usada por la DNI como sede operativa no registrada en libros”.

Otro punto menciona dispositivos tecnológicos que habrían sido entregados a funcionarios de inteligencia después de un viaje de capacitación a Rusia en el 2025, y la posibilidad de que estos tuvieran programas maliciosos para acceder a información de la entidad.

Respecto al uso de recursos públicos, advierte sobre la compra de un helicóptero no tripulado con alcance máximo de 600 km, con hasta 6 horas de vuelo, cuyo objetivo sería “la recolección de información a través de captura de imágenes y video para la gestión del ciclo de inteligencia y contrainteligencia estratégica de la Dirección Nacional de Inteligencia”, que habría costado 9.000 millones de pesos.

Y en materia de contratación, un exfuncionario de la DNI, Carlos Oyola, un ingeniero de sistemas que ingresó a la entidad en febrero de 2024, habría sido vinculado a un plan de ataques informáticos. Cabe destacar que este hombre fue capturado el 6 de noviembre en Neiva, en medio de una investigación por presuntas irregularidades.

“Hackeó entidades del Estado para que contrainteligencia tuviese acceso a las bases de datos, las cuales alojó en una nube y perdió esa información. El exdirector de contrainteligencia lo puso a disposición del exdirector general Jorge Lemus, quien lo reubicó en el grupo de tecnología”, avisa el informe sobre Oyola.

Por ahora, estos documentos abordan más gastos en la contratación de tecnología y el posible uso de capacidades de inteligencia para fines competentes distintos a los establecidos legalmente. No obstante, las autoridades serán las responsables de investigar las acusaciones.