Maternidad subrogada en Colombia: proyecto de ley busca prohibirla y castigar a quienes lucren con esta práctica

Un proyecto de ley que convoca a feministas, conservadores e integrantes del Pacto Histórico plantea sanciones de hasta 16 años de prisión para quienes lucren con la maternidad subrogada en el país. Colombia se ha convertido, silenciosamente, en uno de los principales destinos del mundo para la gestación subrogada.

La combinación de costos bajos, ausencia de legislación y la vulnerabilidad económica de muchas mujeres convirtieron al país en un mercado atractivo para extranjeros que buscan tener hijos a través del alquiler de vientre. Ahora, un grupo de congresistas de orillas políticas muy distintas quiere ponerle freno.

La iniciativa está liderada por Luis Miguel López, representante a la Cámara del Partido Conservador, quien ya suma 12 firmas de respaldo de congresistas pertenecientes a diversas bancadas, incluyendo legisladoras de perfil feminista e integrantes del Pacto Histórico.

Una alianza que, en el polarizado escenario político colombiano, resulta llamativa y da cuenta de la transversalidad del debate.

El proyecto busca prohibir de manera expresa la maternidad subrogada, una práctica que hoy opera en un limbo jurídico total. Aunque durante años se han radicado decenas de iniciativas para regularla o prohibirla en el Congreso, ninguna ha logrado avanzar lo suficiente para convertirse en ley, lo que ha dejado el campo libre para la expansión de un negocio que mueve cifras considerables.

El auge de la maternidad subrogada en el país no es casual. Varios factores convergieron para que Colombia se posicionara como un mercado de referencia a nivel internacional.

La guerra en Ucrania, que históricamente era uno de los principales destinos para esta práctica, desplazó la demanda hacia otros países. Al mismo tiempo, varios Estados europeos han ido adoptando legislaciones restrictivas que cierran la puerta a esta alternativa en sus territorios.

A eso se suman las condiciones internas: los procedimientos tienen un costo significativamente menor que en países desarrollados, no existe ningún marco legal que los regule y hay una alta oferta de mujeres dispuestas a participar, muchas de ellas en situación de vulnerabilidad económica.

Un procedimiento completo puede costarle al contratante cerca de 200 millones de pesos, mientras que la mujer que lleva el embarazo puede recibir alrededor de 30 millones, una cifra que, en ciertos contextos, representa una suma difícil de rechazar.

Algunos centros médicos ya han tomado nota de este fenómeno y ofrecen paquetes diseñados específicamente para clientes extranjeros. Una clínica privada, cuyo nombre se reserva, reconoció que el 40 por ciento de sus pacientes provienen de otros países, y promociona expresamente el “turismo médico” como una de sus opciones, destacando los “costos asequibles” frente a los estándares internacionales. Una sola valoración inicial con especialista tiene un valor de 430.000 pesos.

Aunque no existe un registro oficial que permita dimensionar con exactitud la magnitud del fenómeno, el representante López reveló un dato que enciende las alarmas: solo en 2025 se registraron cerca de 8.000 impugnaciones en notarías del país.

Muchas de estas, según la investigación del congresista, corresponderían a casos de maternidad subrogada protagonizados por extranjeros, ya que la impugnación notarial es el mecanismo legal que les permite sacar a los bebés del territorio colombiano.

López también advirtió que el negocio ha generado un intenso lobby en el Congreso para frenar cualquier intento de regulación o prohibición, lo que explicaría, en parte, por qué ningún proyecto anterior ha logrado salir adelante.

Los contratos que comprometen el cuerpo y la vida de la mujer

Uno de los argumentos más contundentes que esgrimen los promotores de la prohibición tiene que ver con el contenido de los contratos que firman las mujeres. En múltiples casos, esos documentos incluyen cláusulas que restringen la autonomía de la gestante sobre su propio cuerpo. López conoció situaciones en las que mujeres se vieron obligadas a interrumpir el embarazo cuando algo salía mal en el procedimiento o cuando los contratantes desistían del acuerdo.

El silencio de las víctimas es parte del problema. Las mujeres que han vivido estas situaciones generalmente no quieren hablar por temor a ser demandadas, justamente por las mismas cláusulas que firmaron. Con todo, algunos casos han trascendido.

Olivia Maurel y Jessica Kern, quienes nacieron mediante este proceso, hoy cuestionan públicamente la práctica. Además, López conoció el caso de una mujer que murió durante uno de estos procedimientos, otra que quedó con problemas de salud que el sistema no atendió y varias más que arrastraron secuelas psicológicas tras dar a luz.

El proyecto no apunta a penalizar a las mujeres gestantes ni a los menores nacidos bajo esta modalidad, sino a los intermediarios y, especialmente, a las clínicas o establecimientos donde se realicen estos procedimientos.

Las sanciones planteadas van de 10 a 16 años de prisión, más multas que oscilan entre 500 y 1.500 salarios mínimos mensuales, lo que equivale a cifras que van desde los 875 millones hasta los 2.626 millones de pesos, según la vigencia de este año.

El representante también aclaró que no permitirían que la práctica se lleve a cabo de forma altruista, pues muchos contratos ya se presentan bajo esa figura como estrategia para eludir eventuales restricciones.

Sin embargo, no todos los impulsores del proyecto están en la misma sintonía. La senadora Jennifer Pedraza, de Dignidad y Compromiso, que respalda la iniciativa, fue enfática en que no basta con regular: hay que abolir. Su postura se centra en la defensa de los derechos de las mujeres que participan como gestantes. “Es una práctica violatoria de los derechos humanos para las mujeres”, señaló. Para Pedraza, cualquier marco que permita la práctica, así sea con condiciones, termina legitimando una forma de explotación.

Para Natalia Rueda, abogada egresada de la Universidad Externado y especialista en el tema, la discusión no debería ser tan compleja para los colombianos. A su criterio, prohibir la maternidad subrogada, al menos para extranjeros, sería un avance significativo, siguiendo el camino que ya han recorrido numerosos países que lograron demostrar el vínculo directo entre esta práctica y dinámicas de trata de personas y explotación.

Pero Rueda va más lejos y pone sobre la mesa una dimensión que suele pasarse por alto en el debate público: la del bebé. Mientras la discusión se centra casi exclusivamente en los derechos y decisiones de los adultos involucrados, nadie habla de lo que ocurre en la mente y el cuerpo del recién nacido.

La abogada recuerda que la medicina recomienda el contacto piel con piel entre madre e hijo inmediatamente después del parto, porque el bebé ya reconoce el olor, la voz, el sabor y el ritmo cardíaco de quien lo gestó. Separar al neonato de su madre biológica, sostiene, podría ser una experiencia profundamente traumática, y hay evidencia científica que respalda esa hipótesis.

A ese fenómeno se le conoce como la “herida primal”, un concepto estudiado ampliamente en niños adoptados y que describe las consecuencias emocionales del rechazo o el abandono durante la gestación y el período inmediatamente posterior al nacimiento.

Según Rueda, cuando las mujeres gestantes se disocian psicológicamente para convencerse de que no son madres —un mecanismo de defensa habitual en estos procesos— generan una respuesta de estrés que desencadena cambios hormonales capaces de producir trastornos de identidad tanto en ellas como, eventualmente, en los bebés.

Quizás el testimonio más poderoso que ha resonado en los pasillos del Congreso colombiano en el marco de este debate es el de Olivia Maurel. Nacida a través de un proceso de maternidad subrogada —en el que su padre aportó el material biológico—, Maurel es hoy una de las voceras más visibles de la Declaración de Casablanca, una organización creada a nivel mundial en 2023 con el propósito de impulsar a los Estados a comprometerse con la abolición de esta práctica en todas sus formas, incluyendo la modalidad altruista.

Maurel estuvo presente en el Congreso para contar su historia. Describió a Colombia como uno de los destinos más frecuentados del mercado global de la subrogación, un mercado en el que, a su juicio, las mujeres de escasos recursos son las que terminan siendo explotadas. Su propio relato es devastador en su sencillez: creció en una familia que le dio amor y oportunidades, y sin embargo, algo en su interior siempre estuvo fuera de lugar. “Cuando era niña, no podía explicar lo que sentía. Sentía que algo faltaba”, dijo.

Aclaró que su postura crítica no implica ingratitud hacia quienes la criaron. El amor que recibió es real, pero ese amor no tiene la capacidad de borrar una pérdida que, según ella, se decidió antes de que naciera. “Esas dos realidades pueden existir al mismo tiempo”, afirmó. Y añadió que la herida más profunda de su vida fue trazada incluso antes de su llegada al mundo, sin que nadie le consultara.

La Declaración de Casablanca, a la que pertenece Maurel, ha brindado respaldo explícito al proyecto de ley que cursa actualmente en Colombia y trabaja para que los gobiernos del mundo asuman compromisos concretos contra la práctica, sin excepciones.

Sin embargo, el debate está lejos de ser unánime. Hay voces que advierten sobre los riesgos de una prohibición absoluta que ignore las complejidades de una realidad mucho más matizada.

Diana Montoya es una de ellas. Habla desde la experiencia propia: recurrió a técnicas de reproducción asistida para tener a su hija y desde entonces ha construido un espacio de conversación y acompañamiento alrededor del tema. Reconoce que hay prácticas que necesitan regulación urgente, pero insiste en que el asunto requiere una mirada más cuidadosa que la de simplemente trazar una línea entre lo permitido y lo prohibido.

Para Montoya, el debate ignora realidades que no pueden descartarse: los problemas de fertilidad que afectan a miles de personas, las enfermedades genéticas, las nuevas configuraciones familiares que se alejan del modelo tradicional. Todas esas situaciones, dice, merecen tener un lugar en la discusión, y hoy ese lugar no existe porque el tema sigue siendo tabú.

Su posición es clara: Colombia necesita con urgencia un marco normativo que genere certezas, proteja a los niños, garantice los derechos de las mujeres gestantes y ofrezca seguridad jurídica a quienes asumen la responsabilidad parental. Pero ese marco, advierte, no puede construirse desde la prohibición irreflexiva. “La discusión no se puede quedar entre prohibir o permitir. Es un mundo de grises”, señaló.

Montoya defiende la autonomía de las mujeres sobre sus propios cuerpos, pero con una condición fundamental: que esa decisión no esté condicionada por la desesperación económica. Conoce casos de mujeres en situaciones estables —casadas, con hijos— que han optado por la subrogación de manera libre e informada. Para ella, esas voces tampoco están siendo escuchadas en el proyecto de ley que hoy se debate. “Siento que en el proyecto de ley hay voces que no están”, sentenció.

Una práctica que ya tiene rostros famosos

La maternidad subrogada no es un fenómeno marginal ni desconocido. En los últimos años ha sido el camino elegido por numerosas figuras públicas para formar sus familias. En el ámbito internacional, los nombres de Paris Hilton y Kim Kardashian están entre los más citados cuando se habla de casos de alto perfil. En Colombia, la figura más mencionada en este contexto es la del futbolista James Rodríguez.

Que personas con ese nivel de visibilidad hayan optado por esta alternativa dice mucho sobre el lugar que ha ganado la práctica en el imaginario colectivo. Y también explica, en parte, por qué regularla o prohibirla es una tarea que desborda el ámbito jurídico para convertirse en un debate cultural, ético y político de primera línea. Un debate que Colombia, con o sin ley, ya no puede seguir aplazando.