UNP retira esquemas de seguridad a Gabriela Muñoz, Juliana Guerrero y Beto Coral; Gustavo Petro dijo que interpondrá demanda

La Unidad Nacional de Protección desató un fuerte choque político al oficializar el retiro de las medidas de seguridad que beneficiaban a Gabriela Muñoz, Juliana Guerrero y Beto Coral.

Fuentes gubernamentales precisaron que las evaluaciones técnicas determinaron que no existían condiciones de vulnerabilidad que justificaran mantener la asignación de escoltas y camionetas blindadas, lo que le evitará al Estado un gasto de 40 millones de pesos mensuales.

La respuesta política por parte del expresidente Gustavo Petro no se hizo esperar. A través de sus canales oficiales, el exmandatario rechazó de manera tajante la determinación administrativa de la entidad, señalando que la retirada del esquema de seguridad expone directamente la vida de los militantes de su sector político ante constantes ataques de odio en redes sociales.

En su pronunciamiento público, Petro salió en defensa de Gabriela Muñoz, asegurando que ha recibido amenazadas de muerte de manera injusta en su entorno académico.

Asimismo, desmintió categóricamente las versiones que señalaban una supuesta relación sentimental entre ambos y confirmó que dio instrucciones precisas a su apoderado judicial para entablar demandas penales contra las directivas de la entidad y diversos medios de comunicación.

En paralelo procesal, Gabriela Muñoz enfrenta cuestionamientos públicos por señalamientos que la vinculan a una presunta injerencia indebida dentro de la Aeronáutica Civil. Pese a que ella sostiene que las denuncias por amenazas están radicadas en la Fiscalía, organismos de control adelantaban revisiones sobre los nombramientos que la involucrarían en la entidad de aviación.

Por la rama judicial, la situación de Juliana Guerrero también debilitó las razones de su protección. La ciudadana afronta un juicio penal por falsificar títulos académicos de la Universidad San José para intentar posesionarse en un viceministerio, expediente en el que la justicia ya condenó a tres años de cárcel al exsecretario de la institución por emitir las certificaciones irregulares.

A este expediente penal se añaden indagaciones sobre si Guerrero y su entorno cobraban comisiones para direccionar licitaciones en múltiples ministerios del Gobierno. La procesada ha desestimado las acusaciones, argumentando que no sostiene contratos vigentes con el Estado ni ha participado en gestiones irregulares de contratación pública.

En el caso referente al activista Beto Coral, el retiro de sus escoltas obedeció a cuestionamientos gremiales. Voceros del sindicato Analtraseg denunciaron oportunamente que al tuitero le concedieron un esquema exprés tan pronto llegó expulsado desde Estados Unidos, saltándose los protocolos y análisis de vulnerabilidad que exige la ley para la entrega de protección estatal.

Los tres implicados cuentan con un plazo formal de diez días hábiles para presentar un recurso de apelación ante la entidad estatal. Sin embargo, la decisión del organismo protector permanece en firme en medio del cruce de denuncias y el anuncio de acciones judiciales.