Juliana Guerrero no acudió a audiencia por el caso de los títulos universitarios irregulares; proceso quedó aplazado

La Fiscalía General de la Nación avanzó este jueves 20 de agosto en el proceso contra Juliana Andrea Guerrero Jiménez, excandidata a viceministra de Juventudes del gobierno de Gustavo Petro, por su presunta responsabilidad en el delito de fraude procesal, dentro de la investigación por la supuesta presentación de títulos universitarios irregulares para acceder a un alto cargo del Gobierno Nacional.

El caso se adelanta ante el Juzgado 46 Penal con Función de Conocimiento de Bogotá, donde estaba prevista la audiencia de acusación contra Guerrero. La investigación se relaciona con dos títulos que la entonces candidata habría presentado para acreditar su formación académica durante el proceso para ocupar el cargo de viceministra de Juventudes en el Ministerio de la Igualdad.

De acuerdo con la Fiscalía, Guerrero habría presentado ante el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (Sigep II) diplomas correspondientes a los programas de Tecnología en Gestión Contable y Tributaria y Contaduría Pública, pese a que presuntamente no cumplía con los requisitos académicos para obtenerlos.

La fiscal del caso, Jessica Montealegre Villaquirá, señaló que Guerrero no habría asistido a las clases requeridas, no cumplió con las condiciones exigidas para graduarse y, de hecho, su solicitud de grado habría sido rechazada. A pesar de ello, los documentos fueron utilizados para acreditar sus estudios ante el Estado.

Para el ente investigador, la exfuncionaria habría actuado con conocimiento de la presunta falsedad de los documentos y habría intentado inducir a error a servidores públicos para conseguir la validación de una formación académica que no habría cursado.

En este proceso también está involucrado Luis Carlos Gutiérrez Martínez, exsecretario general de la Fundación de Educación Superior San José, institución de la que habrían salido los títulos cuestionados. La Fiscalía lo acusó por el delito de falsedad ideológica en documento público.

Sin embargo, Gutiérrez Martínez llegó a un preacuerdo con el ente acusador y aceptó responsabilidad por los hechos investigados. Según la Fiscalía, el exfuncionario aprovechó las facultades que tenía para la verificación, validación y certificación de los requisitos de grado y habría autorizado de manera manual la expedición de los títulos de Guerrero, pese a que ella no cumplía las condiciones para obtenerlos.

Como parte del preacuerdo, la Fiscalía planteó que su participación fuera considerada en calidad de cómplice y propuso una pena de 36 meses de prisión, además de una inhabilidad para ejercer cargos públicos.

Durante la diligencia, el abogado Juan David Bazzani, representante de la Fundación de Educación Superior San José, señaló que Gutiérrez ha colaborado con la institución y con la justicia para esclarecer lo ocurrido. Según explicó, el exsecretario general fue citado a descargos, entregó información sobre el caso y posteriormente fue retirado de su cargo con justa causa.

La Fiscalía también indicó que, hasta el momento, no existen elementos que permitan establecer que Gutiérrez Martínez hubiera obtenido un incremento patrimonial injustificado como consecuencia de los hechos investigados.