Defensa de Lili Pink cuestiona a la Fiscalía y denuncia falta de avances en investigaciones de contrabando y lavado de activos

En medio de las audiencias en las que la Fiscalía General de la Nación solicita medida de aseguramiento contra ocho personas investigadas por presunto contrabando y lavado de activos relacionado con Lili Pink, la defensa de la compañía cuestionó la actuación del ente acusador y aseguró que existen denuncias presentadas por la empresa que no han registrado avances.

Durante la diligencia, el abogado Juan David Bazanni, quien representa a la organización, se opuso a la solicitud de medida de aseguramiento y puso en duda la hipótesis de la Fiscalía sobre los delitos que se les atribuyen a los investigados.

Uno de los principales cuestionamientos estuvo relacionado con una mercancía decomisada por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, Dian, en 2023. Según la defensa, entre mayo y septiembre de ese año la entidad realizó visitas a la compañía y, después de revisar menos del 1 % de la mercancía objeto de fiscalización, decomisó la totalidad de los productos, correspondientes a más de tres millones de prendas, avaluadas en $54.000 millones.

La empresa sostiene que esa mercancía contaba con la documentación exigida por la normativa vigente. Por lo ocurrido, en 2023 presentó una denuncia penal ante la Fiscalía y demandó ante el Consejo de Estado los actos administrativos que ordenaron el decomiso.

La defensa afirmó además que en enero de 2026 Lili Pink detectó que parte de los productos decomisados estaba siendo comercializada en establecimientos que, según la compañía, no estaban autorizados y no tenían relación con la marca.

“En enero de 2026 la compañía detectó que la mercancía decomisada en 2023 estaba siendo comercializada ilegalmente en tiendas no autorizadas y sin vínculo con la marca L. Por estos hechos se interpusieron dos nuevas denuncias penales”, señaló Bazanni durante la audiencia.

El abogado cuestionó que, según la organización, las denuncias presentadas en 2023 y 2026 no hayan tenido avances significativos por parte de la Fiscalía.

“Prendas revendidas ilegalmente en el mercado informal. No solamente están dañando la marca, sino que además el verdadero lavado de activos, el verdadero enriquecimiento ilícito sí que lo están cometiendo los funcionarios que revendieron esta mercancía”, afirmó.

La defensa también controvirtió la hipótesis relacionada con el supuesto lavado de activos. Bazanni sostuvo que resulta contradictorio atribuir ese delito a los investigados por una mercancía que, de acuerdo con la compañía, fue decomisada en su totalidad.

“A la Fiscalía le pareció brillante imputarle el delito de contrabando y de enriquecimiento ilícito y lavado de activos a todos estos señores por una mercancía que no se vendió”, afirmó el abogado, quien cuestionó cómo podría haberse generado dinero y posteriormente lavado esos recursos si los productos fueron incautados.

El planteamiento de la defensa se produce mientras avanza el proceso judicial contra los señalados y después de que, en actuaciones anteriores, jueces de control de garantías declararan ilegales algunas pruebas obtenidas por la Fiscalía.

Ahora, el proceso entra en una nueva etapa. La próxima semana, un juez deberá decidir si impone o no una medida de aseguramiento contra los ocho investigados. Esa determinación definirá su situación jurídica mientras continúa la investigación por los hechos que les atribuye la Fiscalía.