Consejo de Estado admite nueva demanda contra la personería jurídica del partido Progresistas

El Consejo de Estado admitió para su estudio una nueva demanda que pretende dejar sin efectos la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) con la que, en septiembre, se reconoció la personería jurídica del partido Progresistas, liderado por la senadora María José Pizarro.

La acción fue presentada por los ciudadanos Lucas Durán Hernández y Samuel Alejandro Ortiz, quienes solicitan tumbar la resolución 09111 del 3 de septiembre, mediante la cual el CNE avaló la creación de esta colectividad política surgida tras una escisión interna del Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS).

Según los demandantes, la actuación del CNE incurrió en una causal de nulidad por desconocimiento de normas superiores, en especial del artículo 14 de la Ley 1475 de 2011, que regula los procesos de fusión y escisión de partidos. En ese sentido, señalan que la autoridad electoral habría excedido sus competencias al validar la escisión sin verificar, de manera suficiente, el cumplimiento de los requisitos estatutarios internos del MAIS.

También advierten una falta de motivación en la resolución, pues afirman que el CNE no valoró adecuadamente hechos que estaban acreditados en el expediente, como el estado de los procesos sancionatorios que enfrenta el MAIS. Para Ortiz y Durán, esto implicó una vulneración al principio de legalidad al otorgar una personería jurídica “de manera condicionada”.

Hay que mencionar que esta no es la primera demanda que el Consejo de Estado estudia sobre el movimiento político. Otro recurso fue presentado por la senadora Paloma Valencia semanas atrás.

La creación de Progresistas fue autorizada por el CNE tras un trámite que venía adelantándose desde enero. El proceso se destrabó en agosto, luego de que la senadora Pizarro interpusiera una tutela para exigir que se resolviera su solicitud.

Con la resolución aprobada, el movimiento quedó reconocido como partido, bajo la condición de que su efectividad dependerá de la ejecutoria de los actos administrativos que definan las investigaciones en curso contra el MAIS.

Además, el organismo electoral otorgó un plazo de 15 días hábiles para que los afiliados de MAIS manifestaran si deseaban trasladarse a la nueva colectividad.

Esta movida hace parte de la reconfiguración de fuerzas dentro del Pacto Histórico, que busca consolidar una sola plataforma política para evitar nuevas sanciones por doble militancia.

Tras verificar que la demanda cumplía con los requisitos legales y fue presentada en tiempo, el Consejo de Estado decidió admitirla. Ahora, el alto tribunal deberá estudiar de fondo los cuestionamientos sobre la legalidad de la resolución del CNE y determinar si hubo irregularidades en el proceso que dio origen al partido Progresistas.