Sanción por desacato contra el alcalde de Cali, Alejandro Eder, no está en firme y queda suspendida tras pasar a grado de consulta

La decisión proferida en primera instancia por el Juzgado Décimo Civil Municipal de Ejecución de Sentencias de Cali, dentro del trámite de incidente de desacato promovido por el ciudadano Élmer Montaña contra el alcalde de Cali, Alejandro Eder, no se encuentra en firme ni genera efectos jurídicos inmediatos.

El Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Pública de la ciudad precisó que, conforme a la normativa procesal constitucional, la determinación fue remitida al grado jurisdiccional de consulta ante los Juzgados Civiles del Circuito de Cali para su correspondiente revisión.

El pronunciamiento del Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Pública de la ciudad se produce luego de que el Juzgado Décimo Civil Municipal de Ejecución de Sentencias de Cali ordenara en primera instancia cinco días de arresto y una multa equivalente a cinco salarios mínimos legales mensuales vigentes, alrededor de $8.754.525 pesos colombianos, contra el alcalde de Cali, Alejandro Eder.

Frente a esto, la entidad distrital aclaró que la decisión no se encuentra en firme ni produce efectos jurídicos inmediatos, al haber sido remitida al grado jurisdiccional de consulta ante los Juzgados Civiles del Circuito de Cali.

Los hechos judiciales surgen en el marco del seguimiento al cumplimiento de la sentencia de tutela T-411 de 2026, expediente mediante el cual se requirieron precisiones técnicas, soportes contractuales y anexos sobre convenios suscritos en administraciones anteriores por distintas dependencias del gobierno distrital.

La revisión por parte del juez del circuito, instancia de superior jerarquía, tiene como finalidad verificar de manera exhaustiva la legalidad del procedimiento y garantizar el cumplimiento del debido proceso en la actuación judicial.

Ana Catalina Castro, directora del Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Pública de la Alcaldía de Cali, indicó que la sanción se encuentra legalmente suspendida en virtud de las disposiciones vigentes.

“Es indispensable transmitir absoluta tranquilidad a la ciudadanía y a los medios de comunicación. Esta medida no es definitiva ni tiene aplicación inmediata, toda vez que cuenta por ley con la instancia de consulta ante un juez de superior jerarquía”, puntualizó la funcionaria.

Sobre los alcances de la medida, Castro explicó que “hasta tanto dicha instancia judicial no revise y resuelva el expediente de fondo, la sanción queda suspendida legalmente, tal como lo prevé el artículo 52 del Decreto 2591 de 1991 y el propio texto de la providencia”.

Desde la entidad gubernamental se señaló que la Alcaldía ha avanzado en el recaudo y traslado de las piezas documentales solicitadas en articulación con las dependencias ejecutoras.

La administración sostuvo que no ha existido omisión ni renuencia voluntaria por parte del mandatario local o su gabinete, presupuestos exigidos para la configuración de la responsabilidad subjetiva dentro de los procesos sancionatorios por desacato.

El expediente continuará su trámite en el circuito judicial mientras el Distrito completa la consolidación de la información requerida por el peticionario.