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¿Y el Fuero Militar?

La consecuencia se ve en los centenares de soldados y policías que aguardan en las cárceles por una condena o por algo más importante para cualquier nación democrática: el reconocimiento de su inocencia. Esa injusticia contra quienes demuestren sus actuaciones con apego a las leyes y en cumplimiento de su misión es una deuda que nuestro país está en mora de cancelar.

6 de septiembre de 2012 Por:

La consecuencia se ve en los centenares de soldados y policías que aguardan en las cárceles por una condena o por algo más importante para cualquier nación democrática: el reconocimiento de su inocencia. Esa injusticia contra quienes demuestren sus actuaciones con apego a las leyes y en cumplimiento de su misión es una deuda que nuestro país está en mora de cancelar.

El natural bullicio que se desata en Colombia cada que se inicia un proceso de paz con la guerrilla no debe ser usado para tender silencios frente a obligaciones de los organismos del Estado. Menos, cuando como en el caso del Fuero Militar, se trata de derechos y deberes surgidos del compromiso de defender la vida y la libertad de todos los colombianos. Nos referimos al Fuero Militar, institución necesaria e imprescindible para enfrentar la violencia y las organizaciones que desafían la legalidad. Es lo que ocurre en Colombia, donde el Estado ha debido recurrir a la Fuerza Pública con mayor intensidad para hacer presencia en todo el territorio, lo que por obvias razones genera riesgos de incrementar las denuncias y los procesos sobre posibles abusos de las armas y las prerrogativas que otorga la Constitución a militares y policías. El Fuero fue ratificado en la Constitución de 1991, precisamente como expresión de respeto por el Estado de Derecho. Infortunadamente, por decisiones que parecen inexplicables pero que tienen fundamento en la desconfianza no exenta de intereses políticos sembrada alrededor de la Justicia Militar. Desde ese momento, la Fiscalía y la Justicia ordinaria asumieron la labor que debieron cumplir jueces conocedores de una tarea que, como la persecución a las múltiples formas de violencia organizada existentes en Colombia, requerían de conocimientos profundos sobre el derecho de la guerra y el funcionamiento de las Fuerzas de Seguridad. La consecuencia se ve en los centenares de soldados y policías que aguardan en las cárceles por una condena o por algo más importante para cualquier nación democrática: el reconocimiento de su inocencia. Esa injusticia contra quienes demuestren sus actuaciones con apego a las leyes y en cumplimiento de su misión es una deuda que nuestro país está en mora de cancelar.No es pues un afán de abrir espacios para la impunidad, como lo dieron a entender los enemigos del Fuero Militar. Por el contrario, es la obligación de fijar las normas y principios adecuados a una actividad de por sí riesgosa en un país donde su Presidente ha reconocido la existencia de un conflicto armado. Así actúan las sociedades civilizadas, las cuales han desarrollado una normatividad y una jurisprudencia que enriquece el respeto por los derechos de los ciudadanos que deben tener quienes se les ha depositado la confianza de la Nación para entregarles las armas legítimas. El asunto no es poner en riesgo las libertades de los colombianos ni de exponerlos al abuso y a la impunidad, como lo quisieron dar a entender quienes desde diferentes sectores hicieron desaparecer en la práctica el Fuero Militar que consagra la Constitución. Hace unos meses, el Gobierno presentó ante el Congreso un completo y detallado proyecto de ley para definir y reglamentar el Fuero Militar en nuestro país, el cual fue aprobado en primera vuelta. Ahora, el escenario ha cambiado en la medida en que se empieza a desarrollar un proceso de diálogo con las Farc. Razón de más para pedir al Legislativo que haya celeridad en el estudio y aprobación de la iniciativa.

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