Violencia y política

De nuevo, el Defensor del Pueblo ha lanzado alertas sobre los hechos de violencia que están afectando ya los procesos electorales en regiones como el Cauca, Nariño, el Pacífico colombiano y zonas del Valle, así como en el Catatumbo. Es la amenaza que revive a partir del fortalecimiento de los grupos de narcotráfico que aprovechan la precaria presencia del Estado para imponer sus negocios y su dominio.

Así puede resumirse la causa de una situación que no es de menor cuantía. Es ni más ni menos que la afectación de las elecciones a cargos administrativos y políticos del orden municipal y departamental, los más cercanos a los ciudadanos comunes y corrientes. Ellos deberían tener confianza, en la medida en que quienes resulten elegidos son personas de sus comunidades, ciudades y municipios que deberán resolver los más elementales problemas y garantizar el ejercicio de sus derechos.

Pero ahora, esos cargos se convierten de nuevo en fuentes de enriquecimiento y en factores de poder, que mediante su capacidad para influir en procesos como la propiedad privada y el ejercicio de la autoridad de Policía, terminan siendo instrumentos para robarse el patrimonio público y privado, o para facilitar delitos como la siembra de coca y constituir corredores por donde transitan las drogas ilícitas. Así, los aspirantes a las alcaldías, los concejos y en menor proporción a las asambleas y gobernaciones se transforman en objetivos que por las buenas o por las malas se intenta poner al servicio de los criminales.

Por ello y con pocas excepciones, la violencia que se está presentando y ha sido denunciada en forma reiterada por el Defensor no es ya un asunto de confrontaciones ideológicas o de rivalidades partidistas. Ahora es el desafío abierto a la sociedad colombiana de las organizaciones criminales que han sido fortalecidas por las doscientas mil hectáreas de coca y los cientos de miles de toneladas de cocaína que extraen.

Ese desafío se expresa en masacres como la cometida contra Karina García Sierra, la candidata a la alcaldía de Suárez, Cauca, porque no se plegó al chantaje de los bandidos que usan el territorio de su municipio para cometer sus fechorías. O se refleja en los vetos y extorsiones que padecen los aspirantes, así como en la compra de votos que realizan quienes han convertido la política en un negocio vulgar.

Por esa razón, la respuesta no puede ser sólo el despliegue de la Fuerza Pública que siempre será insuficiente ante el poder de las intimidaciones contra los pobladores de, en muchas ocasiones, abandonadas zonas del territorio. O con declaraciones que en la mayoría caen en el vacío ante la dificultad para capturar a los autores, el terror y la intimidación de que son objeto.

Ahora se necesita la presencia de los representantes de las instituciones en esas comunidades para estar cerca del ciudadano, escuchar sus quejas y respaldarlos. Es una actuación política que une la autoridad legítima y los colombianos en el propósito de preservar la democracia y de derrotar la violencia para desconocer el ordenamiento jurídico y destruir la paz que anhelamos.