¿Violencia total?

A ningún gobernante se le puede reprochar que se empeñe en conseguir que sus gobernados vivan en paz. En ese sentido, es loable la intención del presidente Gustavo Petro de conseguir la paz total para Colombia. Lo que preocupa es que con ese fin se atropelle el Estado de Derecho y se ponga en grave riesgo la seguridad de los colombianos.

Lo que está aconteciendo, en diferentes puntos de la geografía nacional, es de la mayor gravedad. El Eln ataca a militares en el Catatumbo y dinamita oleoductos; El Clan del Golfo promueve un paro minero en límites entre Antioquia y Córdoba, que tiene en jaque a esta región desde hace dos semanas. Las disidencias de las Farc atentan en el norte del Cauca y en otras zonas del sur del país. En resumen, la violencia se ha disparado y la preocupación es tal que ya el registrador Alexánder Vega advirtió que si ese panorama persiste, las elecciones de octubre se tendrían que suspender en diversos puntos del país.

Es claro que mientras las fuerzas del Estado se quedan en los cuarteles, los violentos copan los espacios que les dejan libres. Lo cual no solo genera violencia y caos, sino que causa desazón entre los militares, que ven con impotencia, cómo la delincuencia se apodera de porciones cada vez mayores del territorio.

El Presidente ha sido, cuando menos, cándido. Su voluntad de paz no es apreciada por los violentos sino, al contrario, es vista como una debilidad que hay que aprovechar. Políticas como esta condujeron en el pasado a cometer equivocaciones que no se pueden repetir, como sucedió en el Caguán. Entonces como ahora, el Gobierno se precipitó a declarar una tregua bilateral con la guerrilla, que fue utilizada por esa agrupación para mejorar su posición táctica e incrementar sus acciones criminales, aprovechando que las Fuerzas Armadas estaban replegadas.

Pero el freno a las actuaciones militares no es la única ventaja que se les está concediendo a las organizaciones ilegales. A la par con ese repliegue, el Gobierno, ha bajado al mínimo el ritmo en la erradicación de los cultivos ilícitos, al punto de que en enero no se habría destruido una sola hectárea. Por ello, no es ninguna sorpresa que su extensión haya crecido un 35%, de acuerdo con cifras de Naciones Unidas.

Para alcanzar la paz se requiere de la voluntad de todas las partes involucradas en el conflicto y por más esfuerzo que haga el Presidente para conseguir ese anhelo, el interés de los ilegales va en un sentido muy diferente: mantener y, de ser posible, incrementar las ganancias millonarias que les deja el narcotráfico. Tiene que entender el Gobierno que ese negocio ilícito es el motor de la violencia en Colombia y que la complacencia frente a quienes lo manejan no acerca la paz, sino que la distancia aún más.

Contra los violentos hay que actuar para que la paz sea su única alternativa. Y no es solo ofreciendo gabelas jurídicas sino debilitando su poder militar y combatiendo la actividad de la cual derivan sus ganancias como se lograría ese propósito. Cualquiera intento por conseguir la paz total para Colombia, no puede desconocer ni poner en riesgo el Estado de Derecho.