Una crisis inocultable

Cuando la nueva Ministra de Salud anunció su propuesta para reformar el sistema de salud en Colombia, recibió un rechazo generalizado, debido a las características de sus anuncios que alarmaron por los riesgos que creaba para la prestación del servicio. Sin embargo, sería necio desconocer que se requieren medidas urgentes para corregir los problemas que lo amenazan y proteger lo logrado hasta ahora en materia de cubrimiento.

El Valle y Cali son el ejemplo de los males que están afectando el sistema y pueden causar un colapso en muy breve tiempo. De acuerdo con las agremiaciones que agrupan a las instituciones hospitalarias en la región, IPS, las Entidades Prestadoras o EPS que aún no han sido liquidadas les adeudan $681.200 millones, el 42% de los cuales tienen más de un año de vencidos. De ese enorme monto, el 40% equivalente a $346.500 millones corresponde a la atención a pacientes del régimen subsidiado y el 18%, $153.450 millones, al del contributivo.

La situación, producida en gran parte por la prohibición de negarles el servicio a quienes necesitan atención, se ha crecido por la liquidación de varias EPS, lo que pone en alto riesgo la posibilidad de recuperar esas acreencias para devolverle la liquidez a las Empresas Sociales del Estado, ESE, que, como el Hospital Universitario del Valle y en general los centros de salud de carácter público en el departamento, se han ido quedando sin los recursos que demanda su operación. Y ahora están aún más amenazados con la posibilidad de que Emssanar sea liquidada, la cual le debe a los hospitales más pequeños de los 42 municipios vallecaucanos $240.000 millones.

Según los voceros de esas entidades, la crisis de Emssanar obligaría al cierre del 90% de los centros de salud de nivel I y II en la región, especialmente de los municipios alejados de los más importantes centros poblados del Valle. La pregunta obligada es cómo haría el departamento, y con seguridad el resto de las regiones colombianas, si se permite que esa crisis se profundice y llegue a un punto de no retorno, causando una catástrofe que destruiría lo logrado hasta ahora en materia de cubrimiento al llegar al 98% de los habitantes del país.

Como si no fuera suficiente, los esfuerzos de los administradores de esos centros de salud son inútiles para conseguir que se les dé solución a los problemas causados por el incumplimiento de las entidades creadas para atender la salud de los colombianos, un derecho fundamental. Y ni siquiera las autoridades locales y departamentales parecen tener audiencia en quienes manejan el sistema a nivel nacional.

Ese es el verdadero problema. Por encima de los prejuicios ideológicos de quienes pretenden acabar la actual estructura y regresar al pasado y de la defensa a ultranza de quienes piden continuar como hasta ahora, la salud en Colombia tiene graves problemas que ponen en riesgo la prestación del servicio a millones de colombianos. Por eso hay que buscar una reforma urgente que permita atender problemas como los del Valle sin arriesgar los progresos logrados hasta ahora.