Una crisis eterna

Que los directores de las dos cárceles más importantes sean detenidos por corrupción demuestra hasta dónde está podrido el sistema penitenciario en Colombia. Y hasta dónde ha llegado la indiferencia del Estado ante la crisis del sistema penal que no logra conmover a los legisladores y al Ejecutivo para hacer el cambio que se requiere.

El último fue el director de La Modelo, ubicada a pocos kilómetros de los Ministerios, de las Cortes, los juzgados y del Palacio de Nariño. Según se sabe, el director tenía un catálogo que reglamentaba cada uno de los beneficios ‘extras’ a los que tendría acceso el recluso que pagara las tarifas allí descritas y cuyo rango iba desde la ubicación en los patios hasta el acceso de drogas ilícitas, licor y otras prebendas del mismo estilo.

Lo descubierto es una muestra de organización mediante la cual se beneficiaban guardas, carceleros, directores y, por supuesto, los detenidos que pagaran por esas fechorías. Pero no es un hallazgo novedoso ni puede decirse que afecte sólo a La Modelo. Es en todo el país, y se produce porque durante décadas no ha sido posible organizar un sistema adecuado a las realidades de la Nación.

Es que no parece existir interés en cambiar lo que hace posible que las cárceles sean un hueco negro donde existe otro mundo en el cual reinan otras reglas creadas por la corrupción y la fuerza bruta de organizaciones que controlan el funcionamiento de esas instituciones. Y todo empieza por un sistema penal y penitenciario que no responde a las realidades de un país en el cual se ha producido un cambio dramático en su sociedad mientras sus instituciones están rezagadas en la respuesta a esas transformaciones.

De ahí que el sistema penal sea una colcha de retazos fabricada por abogados defensores, mientras el penitenciario está atrapado entre la imposibilidad de establecer una legislación acorde con las necesidades, la persistente negativa a entregar los recursos para solucionar el problema y un Instituto Nacional Penitenciario ahogado por decenas de sindicatos y miles de acusaciones de corrupción y abusos. De ahí que se haya tenido que nombrar un oficial de la Policía Nacional para dirigirlo, como si con ello se resolviera el monumental enredo de las cárceles colombianas.

Pues bien, esa fórmula lleva más de una década y el problema no sólo se mantiene sino que crece. El descubrimiento y la captura de los directores de La Picota y La Modelo demuestran la manera en que el mal hace metástasis, originando organizaciones que delinquen cumpliendo la misión pública de castigar y rehabilitar a los delincuentes.

Todo ello es posible porque el Estado en su conjunto es incapaz de tomar decisiones que ataquen la raíz del problema. Es decir, de adecuar la legislación a las necesidades de la sociedad, de crear instituciones acordes con las realidades nacionales y de involucrar desde los organismos encargados de perseguir la delincuencia hasta los jueces que los juzgan y condenan, en un proceso en el cual prime la transparencia por encima de los intereses políticos o de algunos litigantes.