Un paso esperanzador

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Un paso esperanzador

Julio 23, 2020 - 11:55 p. m. Por: Editorial .

Luego de varios años de forcejeos difíciles en los cuales fue notorio el afán de ponerle trabas y límites, el pasado miércoles fue sancionada por el Presidente de la República la ley que establece los pliegos tipo para la contratación estatal. Es una luz de esperanza en el camino que debe llevar hacia la transparencia que protege el patrimonio público de la corrupción y los intereses creados.

La ley 2022 dice textualmente: “La Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente o quien haga sus veces, adoptará documentos tipo que serán de obligatorio cumplimiento en la actividad contractual de todas las entidades sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública”. Lo cual significa que los contratos, interventorías, consultorías y diseños de obras en todas las entidades del Estado y a todos los niveles de la administración estatal deberán ajustarse a los modelos que para el efecto establezca la Agencia citada.

Por supuesto, tales documentos deberán consultar las realidades de las entidades y de los territorios en los cuales se realizará la contratación. Y además de la reglamentación para darle cumplimiento real a la ley citada, queda pendiente la extensión de ese modelo, incluido en las seis propuestas presentadas en el 2018 por el actual gobierno para combatir la corrupción, el peor enemigo de la credibilidad de las instituciones y uno de los grandes factores de inconformidad de los colombianos con la administración pública.

No fue fácil sacar adelante esa decisión. Es vox pópuli la manera en que la contratación se ha transformado en uno de los factores más importantes para financiar la política y las elecciones, al punto en que un Contralor General de la Nación definió como el partido de los contratistas la alianza entre aspirantes a los cargos de elección popular y los donadores o aspirantes a contratos que realizan las entidades nacionales, departamentales y municipales. Lo cual llevó a crear los ‘contratos sastre’, la manera de definir aquellos hechos a la medida de los carteles o empresas a los cuales se les adjudicaba.

Y se debió superar también el interés por incluir a gobernadores, alcaldes y congresistas en la elaboración de los contratos tipo, lo que permitía la incidencia y hasta el control de ellos por factores políticos ajenos a la eficiencia y transparencia. Fueron intentos que tuvieron al borde del fracaso la iniciativa. Por fortuna, esa intervención fue superada y el camino parece quedar libre para limpiar de las dudas y la corrupción una actividad fundamental para la buena marcha del país, cuyo detrimento al erario se ha calculado en decenas de billones de pesos.

A partir de ahora, Colombia Eficiente tiene el deber legal y moral de crear los contratos tipo que reclama la correcta administración del Estado en todos sus niveles. Con ello se da un paso de gran importancia para rescatar la credibilidad de la gestión estatal, además de combatir el latrocinio impune contra la fe pública. Esa es la respuesta que esperan los colombianos.

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