Un país, dos sistemas

Hong Kong, quizás el enclave más importante del capitalismo y la libre empresa en el Asia, está en el medio de un proceso del cual dependen las libertades que les aseguró a sus habitantes el acuerdo mediante el cual Gran Bretaña devolvió su control a China, el país del capitalismo de Estado manejado por un sólo partido.

Ese acuerdo, con el cual se dio término a la colonia que los ingleses tuvieron durante cien años en territorio Chino, dio paso a lo que se denomina “un país dos sistemas”. Con ello, los hongkoneses deberían gozar de cincuenta años de independencia administrativa y de los derechos propios de las democracias occidentales como la libertad de prensa, de expresión o de reunión.

Según el acuerdo, Hong Kong reconoce a Xi Jinping, como su presidente. Sin embargo, China continental no se contenta con esperar a que se cumpla el plazo e impulsa un proceso que acabe con las diferencias.
Desde el 2014, cuando Beijing dio a conocer el ‘Libro Blanco sobre Hong Kong’, está clara la intención de marchitar el acuerdo, cercenar la autonomía y, sobre todo, liquidar cualquier diferencia con el sistema comunista que silencia la oposición e impide el debate democrático.

El resultado son frecuentes protestas públicas, la última de las cuales, en el 2009, movilizó a dos millones setecientos mil de los siete millones de habitantes de Hong Kong, contra un proyecto de ley que autorizaba la extradición a China de cualquier persona acusada de un delito en esa ciudad. Ahora, la posibilidad de pasar por encima del parlamento hongkonés y aprobar en la Asamblea Nacional manejada por el partido comunista chino una ley que restrinja las libertades en función de los intereses de seguridad del régimen dirigido por Jing se convierte en el principio del fin de esa autonomía.

Es una ley de seguridad nacional para Hong Kong que busca castigar “la sedición, la secesión, el terrorismo, la subversión, la injerencia extranjera o cualquier acto que ponga en peligro la seguridad nacional”. Según la Ley Básica que se origina en el acuerdo con Gran Bretaña y rige el territorio semiautónomo, el gobierno de Hong Kong tenía que haber aprobado su propia legislación de seguridad nacional.

Sin embargo, en 2003 fracasó el intento cuando 500.000 personas salieron a las calles y se opusieron a un proyecto que consideraron inaceptable y lesivo para sus derechos. Y el gobierno dirigido por la señora Carrie Lam, de la línea cercana a Beijing, ha sido incapaz de lograr su aprobación y parece dispuesto a permitir que se consume el intento por someter a Hong Kong a los designios marcados por el régimen de Xi Jingping.

Es todo un ajedrez político que de vez en cuanto suscita críticas y advertencias tanto de Gran Bretaña que pide respeto por lo acordado en 1997, o de Donald Trump quien usa el conflicto como argumento en su controversia con China, convertida hoy en un gigante económico militar y político difícil de desafiar. En el fondo lo que existe es la voluntad de una nación que ha vivido en la democracia occidental, el 85% de cuyos habitantes no se sienten chinos sino, simplemente, hongkoneses.