¿Territorios vedados?
Colombia no puede repetir la ignominiosa historia de los territorios vedados para el Estado, y debe usar la fuerza legítima para impedir el horror que significa la vigencia de organizaciones criminales decididas a destruir nuestra Nación
De nuevo, y como no ocurría hace más de una década, el Ejército Colombia sufre una masacre a manos de grupos armados ilegales y en el territorio nacional. Seis solados fueron asesinados y ocho más resultaron heridos en medio de una emboscada y cuando cumplían la misión de perseguir a la delincuencia organizada.
El terrible hecho ocurrió en la zona de San Juan de Lozada, en límites de los departamentos de Meta y Caquetá, cuando un destacamento perseguía una banda que, según las autoridades, forma parte de las llamadas disidencias de las Farc y de la cual se tiene amplio conocimiento por sus vínculos con el narcotráfico. No es esa una organización nueva, sino la continuación de una larga historia de crímenes cobardes que pretenden asumir el control territorial e imponer su dominio del terror.
Eso es, ni más ni menos, una inaceptable acción criminal que notifica al país el regreso de la barbarie, desafía las instituciones y trata de imponer el veto a las autoridades en una parte del territorio nacional. Es una provocación que recuerda las épocas en las cuales Colombia vivía la tragedia causada por grupos armados con capacidad para intentar destruir el Estado de Derecho e instaurar la violencia.
Y no es necesario recordar el enorme esfuerzo que para nuestra Nación significó el derrotar esas bandas encabezadas por las Farc y el Eln, a comienzos del presente siglo. La alianza nefasta de grupos que usaban mentirosas razones políticas y el narcotráfico que inundaba vastas regiones con cultivos ilícitos y financiaba la violencia, generó una reacción enérgica y eficaz para reducir lo que era una amenaza real para la democracia y la vida.
Diez años después, el fenómeno parece repetirse. Doscientas mil hectáreas sembradas de coca, la producción más grande de cocaína en toda la historia y la debilidad del Estado en las regiones donde se han asentado esas organizaciones, insinúan el regreso de una forma de terror ya conocida, en la cual los ciudadanos son sometidos por la violencia y los soldados y policías son objeto de emboscadas como la que acaba de ocurrir.
Sólo que ahora, los criminales tienen respaldo y abrigo abiertos y cómplices en la dictadura que manda en Venezuela. Y esos que vuelven a enarbolar la bandera de la política y la paz, que traicionaron los acuerdos que firmaron en La Habana y ahora atacan y asesinan a sus compañeros que se desmovilizaron, son sus cabecillas, al lado de los terroristas que manejan el Eln desde el país vecino.
El dolor, la solidaridad y el respaldo a los militares que cayeron en la emboscada debe ser la respuesta de la Nación con quienes ofrecen su vida para defender nuestra Patria. Pero también es el momento para reclamar la presencia decidida de la autoridad y el compromiso para derrotar a esa delincuencia que con distintas denominaciones se nutre del narcotráfico para amenazar la tranquilidad de los colombianos.
Colombia no puede repetir la ignominiosa historia de los territorios vedados para el Estado, y debe usar la fuerza legítima para impedir el horror que significa la vigencia de organizaciones criminales decididas a destruir nuestra Nación.