¿Sometimiento de quién?

Buscar la pacificación del país, en aras de que los colombianos por fin dejan atrás la violencia que durante más de seis décadas les ha impedido acabar de desarrollarse como sociedad, es un propósito loable.

De hecho, varios gobiernos, por distintos caminos y unos con mejores resultados que otros, se han preocupado por buscar la manera de evitar que los grupos armados ilegales y las organizaciones criminales sigan llenando de zozobra a la población.

El presidente de la República, Gustavo Petro, ha dicho que ese es el principal objetivo de la llamada Paz Total que, como se sabe, tiene dos componentes: uno, el de la negociación con las guerrillas que siguen operando en el país, y otro que está encaminado a lograr el sometimiento a la Justicia de las que se conocen como bandas delincuenciales de alto impacto.

Sin embargo, a los interrogantes que ya existen en la opinión pública alrededor de las confusas conversaciones que se adelantan con el Eln y del cuestionado cese al fuego bilateral propuesto por el Ejecutivo, esta semana se sumaron más, luego de que se presentara lo que será la columna vertebral del proyecto de ley que el Gobierno pondrá a consideración del Legislativo para lograr darle piso legal al desmantelamiento de las organizaciones que se dedican a actividades de narcotráfico y que, por supuesto, no buscan ningún fin político.

En primer lugar, preocupa el hecho de que la iniciativa plantee la posibilidad de que las bandas criminales que acepten someterse a la justicia se puedan quedar con el 6 % de los bienes que hayan acumulado como resultado de sus actividades ilícitas. Pero lo discutible no es el monto, sino cómo harán las autoridades para verificar que el valor total de las propiedades que le reporten al Estado sí corresponda a la realidad y no estén sacando ya muchos de esos recursos del país.

No menos importante es que el Gobierno Nacional les explique con claridad a los colombianos cómo se va a garantizar que los jefes de estas organizaciones al margen de la ley sí van a entregar toda la información relacionada con las rutas por las que estaban traficando las drogas, así como los nombres de las demás personas involucradas en ese negocio ilícito. Solo de esa manera se podría impedir que el llamado sometimiento a la justicia se convierta en una tomadura de pelo por parte de quienes durante años se han lucrado de la ilegalidad.

De ahí que sea necesario que en la reglamentación que finalmente apruebe el Congreso quede garantizada la obligatoriedad de que Fiscalía General y todo su aparato investigativo acompañe muy de cerca cada paso que se dé con miras al desmantelamiento voluntario de estas bandas criminales a las que, en contraprestación, la Nación estaría dispuesta a aceptar que se les disminuyan las penas consagradas para los delitos que ellas han venido cometiendo en el país.

Así las cosas, está bien que se insista en buscar la anhelada paz que merecen y reclaman los colombianos, pero el Gobierno debe tener claro que el país no está dispuesto a permitir que, en ese propósito, se burlen la ley y la justicia.