Seguridad y protección

Los asesinatos de seis trabajadores del sector azucarero en Cauca y Valle, perpetrados entre febrero y abril de este año, no son hechos aislados. Hacen parte de la persecución contra quienes conforman la cadena productiva de uno de los renglones de la economía que más desarrollo y prosperidad ha llevado a sus zonas de influencia. El Estado, comenzando por el Gobierno Nacional, no puede ignorar más una situación que amenaza la estabilidad de la comarca.

El más reciente caso ocurrió el miércoles pasado en zona rural de Santander de Quilichao, al norte del Cauca, donde fue encontrado el cuerpo sin vida de Armando Ibarra, quien laboraba para un ingenio azucarero y había sido reportado como desaparecido. En los últimos tres meses, otros cuatro trabajadores de la caña de azúcar han sido asesinados en esa zona del departamento, mientras uno más murió de forma violenta en el sur del Valle.

Son acciones atroces que se suman a las invasiones realizadas en los últimos años, en su mayoría por grupos indígenas, a propiedades privadas del sector azucarero, que incluyen la destrucción de maquinaria, la quema de plantaciones y zonas protegidas o ataques a las comunidades aledañas. Frente a hechos tan graves, la reacción de las autoridades y del Gobierno Nacional ha sido, por decir lo menos, tímida y fallida.

Las cifras así lo demuestran. Según la Asociación de Cultivadores de Caña de Azúcar, Asocaña, hay cinco mil hectáreas de tierra, pertenecientes a ingenios pero también a pequeños y medianos cañicultores, que han sido invadidas en los años recientes. Solo en el norte del Cauca, por esa razón y por la violencia desatada contra el gremio, se han perdido cerca de cinco mil empleos directos e indirectos.

Y está la zozobra de las poblaciones cercanas, sometidas a agresiones constantes por defender su derecho al trabajo y a quienes les han llevado, además, progreso a sus localidades. No se puede olvidar que el desarrollo social de aquellas zonas ha estado ligado a la caña de azúcar y en muchos casos ha sido posible también por las inversiones sociales que se hacen en educación, bienestar, recuperación ambiental o infraestructura.

Por ello hay que exigir que las autoridades actúen con contundencia para que cesen los ataques constantes al sector azucarero en el norte del Cauca y en el Valle. Que se proteja a sus trabajadores, a quienes tienen la legítima propiedad sobre las tierras así como a las comunidades. Y que la Justicia también actúe para castigar, según las leyes colombianas, a quienes se han ensañado y provocan violencia y muerte. La inacción y la impunidad no pueden seguir siendo la respuesta a esas afrentas.

Es el Estado de Derecho y la Constitución Nacional los que se tienen que hacer respetar, responsabilidad que recae en primer lugar en el Gobierno Nacional, en las Fuerzas Armadas y en el aparato de Justicia. Además, tienen que cesar los discursos de odio o de rechazo contra quienes producen y aportan a la economía, generan empleo y llevan desarrollo social a lugares donde, muchas veces, el propio Estado es incapaz de llegar.