Seguridad para Tuluá

La del viernes pasado fue otra noche de horror en Tuluá, una más en esa ola de violencia, asesinatos, extorsiones, amenazas y terrorismo que se ha apoderado en los años recientes de la principal ciudad del centro del Valle. Ya no basta con pedir garantías de seguridad para los tulueños ni son suficientes los consejos que se convocan cada vez que hay un crimen atroz. La intervención debe ser contundente y necesita ser liderada por las autoridades nacionales.

Carlos Arturo Londoño, el vicepresidente del Concejo de Tuluá, fue ultimado el viernes 19 de abril a las 8:30 p.m. luego de salir del coliseo de ferias donde el Alcalde presentaba el balance de sus primeros cien días de gobierno. Junto a él iba la líder social Clarivet Ocampo, conocida por su trabajo con la población discapacitada de la localidad, quien resultó herida y falleció horas después. Londoño era compañero de toldas de Eliecid Ávila, concejal asesinado el 31 de diciembre de 2023, un día antes de que asumiera como presidente de la Corporación.

Los dos tenían en común haber denunciado, junto al actual mandatario Gustavo Vélez, las acciones criminales de la banda La Inmaculada, convertida en el terror de los tulueños, así como sus conexiones con la anterior Administración Municipal -donde tendría el control sobre varias dependencias, incluida la de Movilidad-, además de la presión que se habría ejercido en el cabildo para elegir un personero municipal de su resorte. También los unían las amenazas permanentes de la organización delincuencial, que en su caso se hicieron realidad.

Pero no son solo esos crímenes condenables, que se suman a decenas más perpetrados por ‘La Inmaculada’ y sus secuaces en los últimos años. Es la incapacidad de las autoridades para detener a una banda que amedrenta a la población mientras atenta contra la libertad de prensa con intimidaciones a los periodistas locales; que delinque desde las cárceles, atenta contra los funcionarios del Inpec e impone el terrorismo en represalia por las acciones en su contra. Su objetivo es claro: apoderarse de Tuluá a través de la violencia.

Frente a ello ni las autoridades municipales ni las departamentales tienen cómo responder. Sin duda, se debe reconocer la contundencia con la cual la Fuerza Pública está persiguiendo a los integrantes de esa organización delincuencial, pero falla la protección a la ciudadanía o a quienes están amenazados, incluido el alcalde Vélez o concejales como Londoño y Ávila, quienes pese al peligro que se cernía sobre ellos no contaban con los esquemas de seguridad adecuados.

Además de pedir que se encuentre a los asesinos del Concejal y de Clarivet Ocampo, o que se persiga sin pausa a los integrantes de ese o de cualquier grupo armado ilegal que haga presencia en la ciudad y en su zona rural, hay que exigirle al Estado su presencia y acompañamiento permanentes en ese municipio. A Tuluá, tan importante para el desarrollo del Valle y de Colombia, hay que garantizarle su seguridad, a la vez que su población se merece, al fin, vivir tranquila.