Se cumplió el plazo

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Se cumplió el plazo

Febrero 26, 2020 - 11:55 p. m. Por: Editorial .

Hasta hoy, cuando se cumpla el período del magistrado Ariel Salazar, la Corte Suprema de Justicia tendrá el número necesario de integrantes estipulado en las leyes para tomar decisiones trascendentales. A partir de mañana, y de no adoptar las decisiones que les corresponden a los 16 integrantes que constituyen la mayoría calificada, el Máximo Tribunal de Justicia de Colombia quedará imposibilitado para gestionar y tramitar algunas de sus más importantes atribuciones constitucionales.

Parece increíble que durante 80 sesiones, los magistrados no hayan podido construir el consenso que, más que una prerrogativa, es un deber con el Estado, con la Justicia y con los colombianos que les han confiado la guarda de sus derechos. Y que todo se deba a la ausencia de un procedimiento que califique los méritos de los aspirantes, evitando los favoritismos, las recomendaciones o los clanes que se han formado dentro de la Institución.

Tal situación se ha ido construyendo en los últimos años, llegando al extremo en que hoy se encuentra la Corte, comparable solo con el vacío que produjo la toma del Palacio de Justicia y el asesinato de la mayoría de sus integrantes. Ahora son los mismos jueces encargados de elegir a sus compañeros los que producirán una crisis que no se presenta en ningún poder judicial del mundo, y que no se compadece con la tradición de respeto y acatamiento del orden jurídico que ha caracterizado a los jueces colombianos.

Y se especula sobre la manera de resolver el absurdo mediante la declaratoria de emergencia por el Presidente de la República, algo que no tiene cabida pues no hay un hecho sobreviniente que conduzca a una excepción de esas dimensiones. Lo que sí hay, es la reticencia de los magistrados a cumplir con un deber que la Constitución les asignó para garantizar la independencia del poder Jurisdiccional.

Tampoco puede aceptarse que se hagan interpretaciones acomodadas dirigidas a reducir las mayorías que exige la ley para elegir los magistrados que faltan. Eso sería abrir el espacio para entregar a las minorías el poder que en forma expresa está reglamentado para garantizar el gobierno de las mayorías, además de exponer a demandas y sanciones del Consejo de Estado, sin resolver el fondo del asunto.

Así las cosas, queda un día para que la Sala Plena de la Corte Suprema cumpla con el deber de elegir a los magistrados que llenarán las vacantes producidas durante más de un año, ya sea por el cumplimiento de los periodos de los magistrados o por su renuncia. Y no se trata sólo de impedir que se desintegre el quórum decisorio fijado en las normas para tomar decisiones, lo que se producirá si hoy no es elegido por lo menos uno de los magistrados.

Es ante todo la obligación de cumplir y hacer cumplir la ley, manteniendo una Corte de veintitrés miembros donde la mayoría calificada es de dieciséis de sus integrantes. Y de responderles a los colombianos por el acatamiento de esa orden legal, evitándole al país, a la democracia y a la Justicia las graves consecuencias que tendrá el hecho de que los magistrados que hoy subsisten no puedan ponerse de acuerdo.

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