Salud y comercio

Dos anuncios sobre la Salud y el papel del Estado en el control a uno de los servicios públicos más sensibles para nuestra sociedad, despiertan grandes inquietudes. Estas deben ser aclaradas con la suficiencia que se requiere para evitar que las suspicacias y los rumores se devuelvan en contra del Sistema, generando más demandas judiciales y afectando la credibilidad del Gobierno.

El primero de esos hechos fue la revelación de un proyecto para aumentar los copagos a los usuarios del sistema. En el entendido de que se requiere buscar financiación y ponerle un dique a los gastos sin límites, medios de comunicación revelaron que en alguna parte del Ministerio se está cocinando una propuesta que incluiría factores como el ingreso de los afiliados a las EPS, la posibilidad de recalcular los copagos a pagar por los núcleos familiares y la probabilidad de llegar hasta un 80% de la factura, en especial, de servicios no incluidos en el Plan Obligatorio de Salud.

En días pasados, directivos de ese Ministerio salieron a explicar que se trataba de un proyecto, dándole seguridades sobre el cuidado que tienen para evitar injusticias y desequilibrios. Sin embargo, el daño ya está hecho, por cuanto no se desmintió que la iniciativa existe y no parece haber la voluntad expresa de suspender su trámite. Más aún, ya se produjeron reacciones en sectores que ven en ella una forma de cubrir el déficit, producido por el desbalance que ocasiona el que no exista un techo al valor que debe cubrir el sistema pero también por el desgreño administrativo, la corrupción y el incumplimiento del Estado en los aportes que debe realizar.

El otro asunto no menos preocupante es la forma en la cual el Ministerio de Comercio Exterior intervino para despojar al de Salud de la atribución para regular el precio de los medicamentos y de fijar límites al interés comercial que se puede oponer a la necesidad de garantizar el acceso de los colombianos a ese recurso.

Es entendible que se busque preservar los derechos de los propietarios de las patentes, atendiendo los compromisos del país en tratados internacionales. Pero también es innegable que el Estado debe impedir los abusos a los que dan pie el monopolio y las exclusividades, en especial, cuando es fácil constatar la enorme diferencia que se presenta al comparar el valor del mismo producto en otros países.

Por eso llama la atención la actuación del Ministerio de Comercio. En los pocos casos que ha usado esa facultad, el Minsalud ha actuado con respeto por los derechos de los laboratorios, casi todos internacionales. Pero también lo ha hecho en función de detener los abusos y defender a la Nación de sobre costos y presiones. Entonces, ¿por qué la contradicción entre los ministerios que deben resguardar los intereses nacionales?

Esas dos inquietudes deben sumarse a la confusión que sigue existiendo en la forma en que se está actuando para rescatar al sistema de salud. Ojalá, el Gobierno y sus dependencias se tomen el trabajo de despejar las dudas y de trabajar en conjunto y en función del bien común, como lo ordena la Constitución Nacional.