Reforma preocupante

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Reforma preocupante

Septiembre 12, 2019 - 11:55 p.m. Por: Editorial .

Al aprobar la reforma constitucional a la Contraloría General de la República, el Congreso dio un paso que puede ser importante para defender el patrimonio público y los recursos del Estado, hoy a merced de la corrupción. Sin embargo, quedaron muchas inquietudes que vienen de décadas atrás, lo cual produce un explicable escepticismo sobre lo que en realidad ocurrirá en el ejercicio del control fiscal.

Lo aprobado en el octavo debate reglamentario indica que “para garantizar la defensa y protección del patrimonio público”, se podrá realizar un control “preventivo y concomitante”, que es excepcional y no implica la coadministración del control previo, tan de ingrata recordación. Y además, podrá ejercerse de manera simultánea y con la posibilidad de emitir advertencias en línea a los ordenadores del gasto y a los administradores de los bienes del Estado.

Ese cambio puede tener resultados positivos si se aplican en función de un control aislado de las interferencias de los partidos y los intereses clientelistas que han caracterizado gran parte de la función de control a través de la historia. Y si se hiciera presente el interés sincero de impedir que esa interferencia no siguiera siendo la razón de ser de la ineficiencia de las contralorías regionales y municipales y su utilización para fines distintos a la protección del bien común, es decir, para favorecer a quienes tienen el poder de elegir y designar a los titulares de esas dependencias.

No fue así. Ahora, la reforma dejó vivas esas contralorías, focos de corrupción y clientelismo. Durante décadas se ha tratado de terminar con ellas, e incluso se usó un plebiscito para ello. Pero ha podido más el peso del clientelismo que la necesidad de que el ejercicio del control fiscal responda al interés común y a las buenas prácticas de una administración pública eficaz, transparente y basada en la ética.

Quiere decir entonces que quedaron vivas esas contralorías y sus finanzas serán fortalecidas con los recursos de los departamentos y entidades que vigilarán. Además, a partir de ahora sus titulares tendrán un periodo de dos y no de cuatro años, lo que los hará aún más susceptibles a la influencia de la politiquería. Y si bien la reforma impuso una especie de control preferente de la Contraloría General sobre las departamentales y municipales, surge la duda sobre la necesidad de mantener una duplicidad en el control innecesaria y perjudicial.

Son muchas las inquietudes que deja la reforma aprobada, como la posibilidad de crecer los poderes del Contralor. Y está también el aumento del tamaño y la nómina de la entidad y la inclusión en una reforma constitucional de una orden terminante para incrementar los recursos que deben destinarse a esas entidades, facultad que hasta ahora debe ser de iniciativa del Presidente de la República.

Todo eso y mucho más debe ser revisado, para impedir que se aumente la frustración que existe con respecto al cuidado del patrimonio público y el manejo de los recursos oficiales. Fue otra oportunidad de cambio que parece frustrada por el poder del clientelismo para mantener sus prerrogativas.

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