Reclamos justos

Las vías de hecho a las que se recurre como forma de protesta y con el fin de llamar la atención del Estado, no debería ser el mecanismo utilizado por las comunidades para exigir la resolución de sus problemas. Parece ser, sin embargo, la única alternativa que tienen los miles de habitantes de la zona rural de Buenaventura, desplazados desde hace años por la violencia, para que su voz llegue al Gobierno Central, se les escuche y no se repita la indiferencia.

Durante tres días de esta semana la vía de acceso a la ciudad portuaria estuvo bloqueada, el transporte de carga y de pasajeros represado, y la economía que se mueve hacia y desde el Pacífico nacional afectada. Representantes de 1400 familias que en los últimos dos años han huido de sus territorios por los enfrentamientos entre grupos criminales, así como por las intimidaciones y amenazas de las que son objeto, se tomaron la carretera para visibilizar su situación y reclamar la atención de la Nación.

Son desplazados de veredas cercanas a los ríos Naya, Yurumanguí, Cajambre y Raposo, el Bajo Calima o Anchicayá, territorios donde organizaciones al margen de la ley como el Clan del Golfo, el Eln y disidencias de las Farc se disputan un corredor estratégico para el narcotráfico y la minería ilegal. Si bien no son eventos nuevos, en meses recientes su intensidad se ha incrementado y son cada vez más quienes no tienen opción diferente a dejar todo atrás y buscar refugio en ciudades como Buenaventura o Cali, que deben recibirlos aún sin tener la capacidad para hacerlo.

A diferencia de lo que pasa en la zona urbana de Buenaventura, donde se logró desde finales del año anterior una tregua entre grupos delincuenciales que le ha devuelto en parte la tranquilidad al Puerto, y que se refleja en una reducción significativa en los índices de criminalidad e inseguridad, lo que se vive en el sector rural debería preocupar al Gobierno Nacional. Ahí tampoco han llegado los vientos de la ‘paz total’, ni los ceses al fuego decretados por el presidente Gustavo Petro, por lo que la población sigue en medio de las confrontaciones, de ataques directos, y solo puede huir.

Por ello las protestas de esta semana, por esa razón la exigencia para que las autoridades se hicieran presentes y les dieran soluciones. Lo que quieren esas 1400 familias desplazadas es regresar a sus hogares, retomar sus actividades cotidianas, que les devuelvan a los jóvenes que se le han llevado los violentos y poder vivir en paz.

Y si bien las vías de hecho, como el cierre de una carretera que es de vital importancia para la Nación, no son aceptables ni mucho menos se pueden incitar, sí hay que pedir que se preste atención a reclamos que son justos. La Buenaventura urbana al igual que la rural llevan décadas esperando atención y oportunidades de un Estado que, además de indiferente, ha sido incapaz de brindar las soluciones que demanda la ciudad más importante de Colombia sobre el Pacífico.

Que no se repitan los bloqueos, pero que tampoco se incumplan más los compromisos adquiridos con los bonaverenses.