¿Quién da el golpe de Estado?

En una actuación que autoriza la ley colombiana para evitar y sancionar los abusos que funcionarios del Estado cometen contra la democracia, la Procuraduría General de la Nación ordenó la suspensión del alcalde de Medellín por participación en política y a favor del candidato del Pacto Histórico. Fue la culminación de una serie de actos y decisiones que indican la intención de Daniel Quintero de influir en la decisión libre de los votantes.

Previo a su suspensión, el alcalde tenía varios procesos abiertos por esa participación a través de redes sociales y de expresiones inequívocas sobre su militancia, cuyos diez soportes principales sirven de base al auto que la ordena. Allí están relatados hechos públicos y notorios cometidos por Quintero con la intención de promover y apoyar la candidatura de Gustavo Petro, el último de los cuales fue un video que concuerda con la campaña publicitaria de quien es reconocido como el líder de esa propuesta en su ciudad.

Y no es porque el señor Quintero no tenga derecho a pertenecer a un partido o tener simpatía por un candidato. Lo que debe quedar claro es que como alcalde no puede producir hechos y reproducir mensajes que favorezcan a un partido, y está obligado a acatar las leyes sobre la materia. Así mismo, esas leyes obligan a la Procuraduría a actuar para garantizar la imparcialidad de los funcionarios, y la faculta para sancionar a los infractores.

Eso es lo que ha venido sucediendo, y la suspensión de tres meses ordenada por el Viceprocurador General se debe a la persistencia del alcalde en esas conductas, lo que obliga a separarlo de su cargo. De otra parte, el funcionario suspendido no tiene un fuero que le permita excepción alguna a su deber de respetar la imparcialidad que desconoció de manera por demás arrogante.

Ahora, Quintero tendrá la oportunidad de defenderse dentro del proceso que se adelanta en su contra. Así es en el Estado de Derecho que el juró defender y respetar al momento de tomar posesión de su cargo, por lo cual no puede decirse que lo que ha hecho el organismo encargado de aplicar el régimen disciplinario en Colombia es iniciar un “golpe de Estado” contra él o contra el partido y el candidato de sus simpatías.

Tampoco puede aceptarse que el candidato Petro respalde esa afirmación, lo que de por sí es un desconocimiento interesado del ordenamiento jurídico para mostrarse como víctima, además de una incitación a desconocer cualquier decisión que afecte sus intereses y los del alcalde suspendido. Lo que lleva a preguntar si la acusación de golpe de Estado debería precisarse en el sentido de que son ellos los que están tratando de incitar el desconocimiento del Estado y de las facultades de la Procuraduría, para conseguir adeptos.

Es claro que la campaña presidencial está en ebullición y los ánimos están caldeados. Pero quienes aspiran a ser elegidos y los funcionarios que desempeñan cargos de responsabilidad como la alcaldía de Medellín deben ante todo acatar el ordenamiento jurídico. De lo contrario, lo que se produce es un golpe contra las instituciones que le dan vida a la democracia.