¿Qué espera el Gobierno Nacional?

Años de invasiones contra la propiedad privada en el norte del Cauca desembocan ahora en ataques armados de los promotores de las tomas contra los trabajadores y las comunidades afrocolombianas, dejando un saldo hasta ahora desconocido de heridos y las denuncias de la Personera del municipio de Guachené. Es la continuación de una actitud que desconoce la Constitución y los derechos de los ciudadanos, aprovechando las confusas directrices de las autoridades nacionales para manejar la situación.

Los hechos del pasado fin de semana ocurrieron en dos sitios distintos. Uno de ellos se produjo en un predio del municipio de Miranda, en la hacienda Maracaibo, donde habitantes y trabajadores del sector fueron sorprendidos por los invasores, produciéndose un enfrentamiento que, según los directivos del Consejo Regional Indígena del Cauca, Cric, resultaron heridos cuatro de los que esa entidad llama “recuperadores de la tierra”. Aún no se sabe cuál es el resultado de un hecho en el cual se volvió a poner de presente la manera en que la confrontación producida por la intención de desconocer los derechos legítimos de los propietarios está aumentando la tensión llevando ya a confrontaciones con armas de fuego.

El otro hecho se produjo el pasado sábado en la vereda Llano de Taula de Guachené, donde la gobernación del Cauca había programado para el domingo una audiencia con autoridades indígenas y miembros de su gobierno. Al tener noticia sobre los ataques que se estaban presentando en la hacienda el Chimán, la personera municipal, Ximena Bastidas, acudió al sitio para tratar de mediar con los atacantes, siendo recibida en medio de balazos, luego secuestrada y su vehículo robado. Varias motos de los atacantes fueron incendiadas y las comunidades atacadas exigieron la presencia de las autoridades, apareciendo un destacamento del Esmad para contener la violencia.

Infortunadamente, los casos de ataques, invasiones y confrontaciones en el norte del Cauca, se producen ya a diario. Las autoridades y el Gobierno Nacional saben con certeza quiénes las están promoviendo e instigando, cómo es el modus operandi y de qué manera se realiza la infiltración de elementos armados que buscan generar hechos que conduzcan a una radicalización.

Pero no hay las respuestas que se requieren en un país democrático que reconoce a las leyes y a las instituciones como garantes de la concordia y de los derechos de los ciudadanos. Por el contrario, se llama a mesas de negociación sobre derechos indiscutibles y se le reconoce a los promotores de las invasiones una especie de inmunidad que los excluye de la judicialización por cometer conductas definidas con precisión en el código penal.

El norte del Cauca avanza hacia una confrontación que puede tener consecuencias terribles si el Estado no actúa para restablecer el orden y enfrentar a los invasores. Por eso es más que urgente que el Gobierno Nacional les diga a los colombianos, en especial a los habitantes del norte del Cauca, qué espera y cuál es su posición sobre el desconocimiento flagrante del Estado de Derecho.