Propuesta inconveniente

Hoy debe llevarse a cabo en Cali una audiencia de la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes sobre el proyecto de ley que pretende crear una prima adicional a los trabajadores formalizados con ingresos hasta 1,5 salarios mínimos. Será la oportunidad para hacerle conocer a los legisladores las inquietudes que han surgido a raíz de una propuesta con buenas intenciones que puede causar graves perjuicios a la productividad del país.

La audiencia corresponde a los trámites que anteceden al tercero de los cuatro debates que deben cumplirse para convertir en ley la iniciativa de crear una prima adicional a los empleos formales, justificada en la necesidad de mejorar sus ingresos e incentivar el consumo. Debe precisarse que, según se ha sabido, ella sufrirá transformaciones importantes al reducirse a los trabajadores que devenguen hasta $1.300.000 lo que antes cubría a aquellos que reciben hasta tres salarios mínimos.

También se debe anotar que tanto ese cambio como la posibilidad de ordenar que las Cajas de Compensación Familiar asuman el pago de la nueva prima aún no han sido incluidos en el proyecto que hace trámite. Sin embargo, y de acuerdo con las informaciones que con suficiencia han proporcionado las cajas, el obligarlas a destinar una parte importante de los recursos que recaudan desconocerá el principio de la economía solidaria que les dio vida y causará un daño a las familias de los beneficiarios, muy superior a los ingresos que reciban a través de la prima.

Y de nuevo salta a la vista la inconveniencia de un gravamen que a no dudarlo le asestará un duro golpe a la competitividad y a la productividad del país. Además, será un incentivo a la informalidad en la medida en que aumenta el costo de vincular trabajadores al sector formal, sin importar si son grandes, medianas o pequeñas empresas.

Igualmente debe recordarse la oposición del Gobierno Nacional a un proyecto que perjudicará su intención de impulsar la economía formalizando el empleo y estimulando la inversión, al crear una carga adicional que aumentaría el costo de los salarios. Y la incertidumbre que existe sobre la cifra que de los escasos recursos públicos deberán destinarse a cubrir los funcionarios y trabajadores oficiales.

No se trata entonces de solidarizarse con las Cajas como entidades que prestan un servicio invaluable para la sociedad colombiana, sino y ante todo, de defender ese principio que permite destinar la contribución del 4% de las nóminas a ofrecer a los trabajadores y sus familias servicios y subsidios en salud, vivienda, educación, recreación y bienestar. Son más de 680.000 empresas y casi diez millones de trabajadores afiliados, el 75% de los cuales devengan dos salarios mínimos, los que constituyen un sistema que es ejemplo en el mundo.

Por ello es necesario hacerle conocer a los Representantes que hoy sesionarán en Cali sobre los delicados aspectos de la iniciativa y los riesgos que conlleva. Aunque su origen tiene la intención de beneficiar a los trabajadores, es necesario tener cuidado para evitar que sea mayor el daño que se puede producir en todos los sentidos.