Procuraduría y credibilidad

Luego de una rápida campaña, la doctora Margarita Cabello fue elegida como Procuradora General de la Nación por el 77% de los 108 integrantes del Senado de la República. Propuesta por el Presidente de la República en la terna que incluye nominados por la Corte Suprema y el Consejo de Estado, la amplia acogida debe significar ante todo el reconocimiento a su carrera como miembro de la Justicia y a su experiencia en la aplicación de la Ley.

La doctora Cabello ha sido magistrada del Tribunal Superior del Atlántico y de la Corte Suprema de la cual fue su presidente, y en los últimos meses ocupó la cartera de Justicia. Su trayectoria debería ser prenda de garantía sobre la idoneidad, el conocimiento y el criterio que debe tener quien desempeñe uno de los cargos más importantes del Estado.

En efecto, ser Procurador implica entre otros deberes vigilar el cumplimiento de la Constitución, las leyes, las decisiones judiciales y los actos administrativos y defender los intereses de la sociedad y los colectivos. También debe velar por el ejercicio diligente y eficiente de las funciones administrativas y vigilar la conducta de quienes ejerzan funciones públicas, incluidos quienes llegaron a sus cargos por elección popular.

Tal descripción es necesaria para entender la importancia de la Procuraduría en la institucionalidad colombiana y la necesidad de tener al frente a una persona idónea y de probada honestidad. Esas características deberían ser suficientes para asegurar el cumplimiento de una misión indispensable para defender a la Nación y a su patrimonio de los males que la acechan como la corrupción. Ella será la responsable de lo que haga la entidad que asumirá el próximo 21 de enero.

Sin embargo, ya es usual que a quienes aspiren a ser elegidos para esos cargos se les busque padrino o dueño, sin importar que su elección sea producto de una enorme mayoría en unos procesos donde participan los depositarios de la voluntad popular. O que se desconozca su independencia, insinuando que su escogencia fue producto de alianzas y mangualas para repartirse los cargos de las dependencias y para asegurar el sesgo favorable de quien debe ejercer las funciones de control y sanción.

Con ello se pierde el sentido establecido en la Constitución, además de erosionar de manera grave la confianza que debe rodear a las instituciones para que cumplan su misión constitucional. En lugar del respaldo a las funciones que debe ejecutar entidades como la Procuraduría o la Contraloría, lo que se produce es el debilitamiento de su credibilidad, lo cual redunda de manera inmediata en la confianza del ciudadano del común frente al Estado que debe velar por los intereses públicos.

La doctora Cabello ha expresado en todas las formas posibles su independencia frente al gobierno del cual formó parte, frente a los partidos y a los senadores que votaron por ella y su intención de cumplir sus deberes y hacer respetar los derechos de los colombianos. Es momento para creer en ese compromiso y de esperar a que ella desempeñe su obligación con el equilibrio y la responsabilidad que necesita nuestro país.