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Política versus Gobierno

Septiembre 24, 2020 - 11:55 p. m. Por: Editorial .

El debate sobre el papel de la Policía en el manejo de la protesta social es más que necesario para asegurar el respeto a los derechos de los manifestantes. Pero en él es imprescindible reconocer la presencia de los grupos y personas encargadas de sembrar el caos, promover la violencia y aprovecharlas para sus propios intereses.

Ya se ha hablado en abundancia sobre lo ocurrido en Bogotá a raíz de la muerte de Javier Ordóñez a manos de miembros de la entidad encargada de velar por la concordia y de combatir el delito. En ese debate se ha reiterado la importancia de aplicar los cambios que sean necesarios para evitar al máximo los errores y abusos que puedan cometerse en ejercicio de algo tan delicado como aplicar la Fuerza legítima para asegurar la tranquilidad y el orden.

En ese sentido, tanto el Gobierno Nacional como los directivos de la Policía Nacional han reconocido los abusos que cometieron los uniformados en el hecho, y tanto los órganos de investigación y control están investigando lo ocurrido en las protestas que siguieron, las cuales terminaron en un saldo de muerte y destrucción pocas veces visto en la Capital de la República. De hecho, los involucrados en el homicidio ya fueron presentados ante la Justicia y se desarrollan los procesos necesarios para fijar su responsabilidad.

Pero hay otro aspecto que no debe desconocerse. Es la presencia de los grupos armados como las disidencias de las Farc que han sido capturados luego de encontrar evidencias sobre su participación en los atentados en los cuales decenas de personas resultaron muertas o lesionadas, se destruyeron 53 Centro de Atención Inmediata, 77 buses de Transmilenio y centenares de bienes públicos y privados. Ahora, el Eln por boca de uno de sus cabecillas ha reconocido su intervención en las asonadas que dejaron un saldo terrible.

Así, las cosas, admitir que en esas manifestaciones de violencia y terrorismo hubo presencia de esas agrupaciones no es una cortina de humo del Gobierno Nacional, como afirmó con ligereza la señora Alcaldesa de Bogotá. Por el contrario, es la verdad que en el transcurso de las investigaciones se ha venido destapando.

Es la protesta social secuestrada por el vandalismo y el terror que impulsan los grupos especializados en eso, los que desvirtúan y amenazan un derecho necesario para cualquier democracia. Y lo que se necesita, antes que la polémica inútil entre gobernantes por diferencias políticas es la coordinación serena de las autoridades para proteger a la ciudadanía de quienes utilizan su indignación y ponen en riesgo la integridad de miles de seres humanos.

Por ello es necesario reclamar el trabajo conjunto y comprometido de quienes han sido elegidos para administrar, gobernar y ofrecer bienestar y seguridad a los colombianos. De eso se trata la colaboración armónica de los poderes públicos y las autoridades que establece la Constitución Nacional. Lo contrario, promover el enfrentamiento frecuente por razones sin duda políticas y acusar a instituciones sin tener las pruebas es caer en el juego de los que usan la violencia para destruir el Estado Social de Derecho.

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