Paz sin manipulación

Las declaraciones del presidente Gustavo Petro y las investigaciones reveladas por el Gobernador de Antioquia no dejan dudas sobre la participación del Clan del Golfo en la protesta minera en el Bajo Cauca y las acciones violentas que las han acompañado. Difícil posición en la queda el Gobierno Nacional para negociar el sometimiento de esa organización criminal en el marco de su política de Paz Total, que a la fecha muestra pobres resultados.

Con el ataque el domingo en la noche contra el acueducto de Tarazá, Antioquia, que dejó sin agua potable a 50 mil personas, antecedido por la quema de ambulancias y camiones, la destrucción de peajes y el aislamiento de 12 municipios, se confirmó que el paro iniciado el 2 de marzo no busca precisamente la reivindicación de la minería artesanal en esa región del país, como se pretende justificar.

Detrás está el afán de las mafias nacionales e internacionales, asociadas para explotar de forma ilícita los recursos naturales, por mantener el lucrativo negocio y amedrentar al Estado para que les deje libre el camino. La aplicación del decreto 2235 de 2022, que dicta medidas para detener la minería ilegal, y la reciente destrucción de las sofisticadas dragas que se utilizan para la extracción en el Bajo Cauca antioqueño, se convirtieron en los detonantes de las protestas, que como se sabe ahora fueron promovidas bajo amenazas por integrantes del Clan del Golfo, como lo reconoce el Primer Mandatario.

Los ataques violentos dejan claro que esa organización dedicada al crimen no tiene intención de someterse a un proceso de pacificación ni de acatar un cese al fuego como el que decretó el Gobierno Nacional desde el primero de enero. Por el contrario, lo que parece buscar es que se detengan las acciones estatales, poner a prueba a las autoridades y de paso sacar de la cárcel a integrantes condenados por graves delitos, incluido el narcotráfico, con el pretexto de convertirlos en sus voceros oficiales frente a una eventual negociación.

Es la manipulación que se puede derivar de una política de Paz Total sin límites, en la que se pretende incluir a cualquier grupo criminal de los muchos y diversos que operan en el país. La paz es un anhelo de Colombia y en primer lugar de sus ciudadanos, que son los directos afectados por las acciones de los violentos, pero no se logra a cualquier precio, mucho menos maniatando a las Fuerzas Armadas que tienen el deber constitucional de defender el territorio patrio y a los colombianos.

Frente a la evidencia de infiltración de organizaciones armadas ilegales en protestas como la que se realiza en el Bajo Cauca, el camino que le queda al gobierno de Gustavo Petro es perseguir con contundencia a los violentos. Y exigir que toda pretensión de llegar a acuerdos que conduzcan al sometimiento o a la desmovilización esté precedida del cese de acciones criminales y del desarme total, únicas garantías de un verdadero interés por alcanzar la paz.