Palacio de Justicia: persisten las preguntas

“La responsabilidad política del M19, el presidente Belisario Betancur y las Fuerzas Armadas en el holocausto del Palacio de Justicia se diluyó en la historia porque no hubo justicia: una paradoja en el devenir del hecho judicial más grave ocurrido en la segunda mitad del Siglo XX en Colombia”. Esa es la primera conclusión de una consultoría publicada por la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición sobre los hechos ocurridos los días 6 y 7 de noviembre de 1985 en el corazón jurídico de Bogotá y el país.

Se trató de hechos atroces que se originaron cuando una treintena de integrantes del M19 tomaron por asalto el Palacio de Justicia y continuaron cuando el Ejército respondió con una retoma a sangre y fuego. Ambos lamentables episodios derivaron en una tragedia nacional que se tradujo en la muerte de casi cien personas, entre ellas once magistrados de la Corte Suprema de Justicia asesinados, además de civiles, integrantes de la Fuerza Pública y guerrilleros. De igual forma, varias investigaciones coinciden en que once personas fueron desaparecidas de manera forzada.

El informe publicado por la Comisión de la Verdad también asegura que lo que dejaron lo que hoy se conoce como “las 28 horas de terror” fue una “justicia agredida que no pudo después ganarle el pulso a la política, pues todo terminó en absoluciones, sin debates de fondo sobre los temas decisivos en la búsqueda de la verdad”.

Y lo que se puede ver cuatro décadas después y tras decenas de informes oficiales, testimonios de testigos y de víctimas, libros, documentales y hasta películas realizadas sobre el tema, es que, en efecto, sobre el holocausto del Palacio de Justicia sigue habiendo más preguntas que respuestas: qué fue lo que pasó, por qué sucedió y cómo se llevó a cabo.

Tal vez lo anterior se debe a que si bien hay una condena unánime a la guerrilla como iniciadora de los trágicos hechos, persiste una profunda división entre quienes defienden o condenan el exceso militar, así como entre quienes prefieren dejar en el olvido ese episodio tan duro y violento de la historia nacional y quienes luchan para que no se borre de la memoria de los colombianos.

“Un sinnúmero de funcionarios, visitantes y empleados quedaron atrapados en el fuego cruzado que los convirtió en rehenes, carne de cañón del combate que se desató entre el grupo de asalto del M19 y cuerpos de seguridad del Estado liderados por las Fuerzas Armadas”, asegura también la Comisión de la Verdad creada a la luz de los Acuerdos de Paz firmados en el 2016 que, hay que reconocerlo, tampoco logró que el país se uniera en torno a la necesidad no de acatar una versión única sobre la historia patria, sino de encontrar caminos que permitan que se escuchen todas las voces, incluso las de los entonces victimarios que transitaron a la legalidad.

Sin embargo, es claro que lo que merecen las cerca de 300 personas que estaban dentro del Palacio de Justicia cuando empezó la toma, es que, además de verdad y memoria, haya justicia.