Otro escándalo

Más que un caso de corrupción de un funcionario vinculado a la Justicia Especial de Paz, los videos publicados por la Fiscalía General de la Nación que lo muestran recibiendo fajos de dinero son un golpe a la credibilidad de un organismo creado para aplicar justicia. Por eso, las dependencias que deben investigar y encontrar la verdad están obligadas a mostrársela sin reserva alguna a los colombianos.

Se agotan las expresiones de rechazo para calificar un acto donde se supone que alguien paga a un Fiscal de la JEP dos millones de dólares para beneficiar a ‘Jesús Santrich’ e impedir su extradición. Los documentos publicados hasta ahora no dejan duda de la responsabilidad de los acusados, el funcionario aludido, un excongresista con una trayectoria poco clara, y varias personas más que formaban parte de lo que parece una organización dirigida a vender el fallo de la Justicia sobre la extradición o no del sindicado.

Es notorio también que en las pruebas hasta ahora divulgadas por el órgano investigador no están quienes pagaban el soborno. Es decir, en los videos no aparecen las personas que entregaban la coima, ni queda claro cuál es el origen de esas divisas. Como tampoco se sabe si los autores eran conscientes de que el fiscal especial Carlos Bermeo, tiene poca o ninguna injerencia en el proceso que sigue la JEP para verificar el delito por el cual ‘Santrich’ es pedido en extradición por la justicia de los Estados Unidos.

Son pues muchas dudas las que ha desencadenado el insuceso del fiscal ya destituido de la JEP, sorprendiendo a los colombianos, muchos de los cuales tienen inquietudes sobre la conveniencia de aplicar excepciones a la Justicia ordinaria para quienes cometieron delitos de toda clase, incluidos crímenes de guerra y de lesa humanidad. Sobre todo porque se refiere a un proceso en el cual están puestos los ojos de la opinión pública y puede llegar a incidir en el futuro de una institución nacida de los acuerdos con las Farc para terminar el conflicto.

También es llamativo el que tal descubrimiento se produzca en momentos en los cuales el presidente Iván Duque tiene entre sus manos la sanción o la objeción de la ley estatutaria de la Justicia Especial de Paz. Coincidencia infortunada que aumenta las preocupaciones sobre el futuro de una jurisdicción creada para darle salidas de carácter político a un conflicto con más de cincuenta años de existencia.

Ante el efecto que tendrá sobre la JEP, y vistas las reticencias que han estado presentes desde su inicio, nada de lo que está ocurriendo en este caso puede quedar oculto. Son hechos de corrupción que además de descubrir una conspiración inaceptable atentan contra la honra de quienes integran la Jurisdicción Especial para la Paz.

Por ello, la Fiscalía está obligada a revelar todos los aspectos de esa trama, a establecer cuál es el origen y quiénes son todos los actores activos y pasivos del frustrado intento de cohecho y todos los delitos que de los hechos se deriven. Es el compromiso de hacer prevalecer la confianza pública en una institución que debe ser respetada así su origen esté en un acuerdo político.