Oportunidad para el consenso

Luego de cuatro días de disturbios propiciados por violentos que aprovecharon la protesta social para tratar de sembrar la anarquía, el Gobierno Nacional reconoció el clamor ciudadano y ordenó el retiro de la Reforma Tributaria. Se abre así otra oportunidad para generar un consenso nacional alrededor de las soluciones que necesitan tanto el Estado como la sociedad colombiana.

Durante esos días, en especial el pasado sábado, gran cantidad de colombianos salieron a reclamar contra una propuesta que también fue criticada y rechazada por casi todos los sectores de la política, de la opinión pública y de la empresa privada. Aunque todos reconocen la necesidad de fortalecer las finanzas públicas y de conseguir recursos para apoyar los millones de personas que padecen el desempleo, el hambre y las múltiples necesidades que desencadenó la pandemia, estaba claro que no era el momento para aplicar una propuesta que afectaba de manera importante el bolsillo de los ciudadanos.

Ahora, la decisión del presidente Iván Duque de retirar la iniciativa y lograr una iniciativa que concite el consenso de la dirigencia política y el Congreso, es una oportunidad para superar el difícil momento que terminó en un paro de grandes repercusiones. Y para quitarles a los violentos y a los organizadores del vandalismo el uso de la bandera del derecho a la protesta social para sembrar el terror.

El cambio anunciado por el presidente Duque abre la puerta para encontrar soluciones que reflejen la realidad nacional. Esa perspectiva hace necesario que las organizaciones políticas se involucren en la búsqueda, por encima de los intereses partidistas o las aspiraciones electorales, haciendo posible fijar prioridades y destinar los recursos que se consigan para aliviar la situación del país, gravemente afectada por la pandemia y la parálisis de la economía.

Es pues el momento de la generosidad con Colombia para alcanzar las salidas que requiere con urgencia. Y para rescatar el derecho a la protesta de la amenaza de la anarquía que han querido sembrar, causando graves daños a la vida y la integridad de muchas personas y a los bienes públicos y privados.

Valga la oportunidad también para reclamar de la Nación la atención que demanda Cali, convertida en la sede del vandalismo y víctima de una inexplicable ausencia de autoridad para reaccionar con oportunidad a la amenaza que, se sabía, podía convertirse en realidad. Las consecuencias están a la vista en la destrucción del transporte público, de edificaciones públicas y privadas, y la zozobra que han experimentado muchos sectores de la sociedad caleña.

Allí también es necesario el consenso que permita construir un muro de contención contra la barbarie que ha experimentado la capital vallecaucana. Durante los últimos días, los habitantes de Cali han padecido la incertidumbre y el temor que producen los estallidos, las asonadas y la destrucción que deja una violencia al parecer bien organizada y coordinada. Ya es hora de que el Estado, desde las autoridades municipales hasta el Gobierno Nacional les devuelvan la tranquilidad y la convivencia que se han perdido a manos del vandalismo.