No más ingenuidad

Uniformados, encapuchados y entrenados para causar el mayor daño posible, aprovechando el respeto del país a los campus universitarios y la autonomía que les reconoce la ley a los centros de educación superior.
Así son los grupos que de un tiempo para acá han arreciado el terrorismo, y han conseguido despertar el rechazo contra esas prácticas, así como una nueva e injusta estigmatización de los movimientos estudiantiles y la natural inconformidad que existe en las universidades.

Cali ha vivido esa amenaza y la Universidad del Valle ha sido utilizada para ocasionar destrucción, sembrar el terror y atacar a la Fuerza Pública. No hace mucho se produjo el último de esos ataques, cuando varios de los encapuchados resultaron muertos o heridos al explotar en sus manos los explosivos que manipulaban, mientras en la calle sus compañeros disparaban tatucos artesanales dirigidos a derribar el helicóptero de la Policía Metropolitana que sobrevolaba el sector.

Ahora, el Fiscal General de la Nación denuncia que tales grupos de terror son la estrategia de organizaciones como las disidencias de las Farc, el Eln y una que se hace llamar el nuevo M19 para crear el caos en las ciudades sedes de las universidades públicas. Además de la del Valle, están incluidas las de Bogotá, Antioquia, Caquetá, Huila, Córdoba, Tolima, Pamplona y Cauca, y su accionar es el mismo que Colombia padeció hace algunas décadas: causar zozobra, destruir símbolos como el centro histórico de la Capital de la República, atacar con saña a la Policía desplegada para garantizar el desarrollo pacífico y civilizado del derecho a la protesta social.

Mientras, la Fiscalía tiene ya las pruebas de lo que está aconteciendo y quiénes son sus autores. Y ha capturado varios de ellos como instructores enviados por los cabecillas de las organizaciones arriba citadas para infiltrar las universidades o como autores materiales de crímenes, aprovechando la autonomía universitaria. Así se vio en las paradas militares que con frecuencia se producían en Univalle y que antecedieron los desórdenes del pasado 3 de abril.

También sabe el ente investigador cuáles son sus propósitos, además de que la ciudadanía ha padecido y conoce el proceder de esa vieja forma de imponer la violencia, revivida bajo la consigna de la reivindicación social. Ya puede estar claro también por qué en algunos círculos que se presentan como democráticos y en casi todos los paros y tomas que se han producido en el último semestre, se incluye la exigencia de acabar contra el Escuadrón Antimotines, el Esmad que tiene el deber de responder al vandalismo y el terror que usan esos grupos contra la sociedad.

Ante lo que ha denunciado el Fiscal, Colombia no puede seguir en la ingenuidad de creer que allí hay una protesta social o que ese terrorismo responde al movimiento estudiantil y debe ser cubierto por la impunidad y la negociación con sus autores. Es hora de enfrentar como corresponde lo que es una estrategia para sembrar el caos, para desconocer el Estado de Derecho y para pisotear el interés por la paz de nuestra Nación.