Monopolio y clientelismo

Cali tiene hoy los servicios públicos más costosos de Colombia. Y a pesar de existir en el papel toda clase de entidades y controles para vigilar la operación de Emcali, la entidad prestadora de esos servicios, a cada uno de sus más de 700.000 usuarios les corresponde pagar facturas sin tener la oportunidad de defenderse del posible abuso.

Esa es una de las consecuencias del monopolio en los servicios de agua y energía en la capital vallecaucana. Aunque la ciudad ha mantenido con firmeza el carácter de empresa pública como una manera de mantener el control sobre esa función vital para los ciudadanos, la forma en que se administra y la manera en que las tarifas cubren sus ineficiencias hace que no sea precisamente la eficiencia y el sentido social la que guía una empresa que pertenece a todos los caleños.

A manera de muestra está la polémica sobre las alzas que ha experimentado el servicio de energía en el año comprendido entre abril 30 de 2021 y 2022. Según el Departamento Nacional de Estadística, Dane, 25,43% han crecido el precio al cual factura Emcali el kilovatio de energía. Y según la Superintendencia de Servicios Públicos, ese aumento ha sido del 29,2%, mientras que el resto del país solo se ha registrado un 14,94%.

Las razones que los funcionarios encargados de ese servicio en Emcali argumentan las más variadas razones para justificar un alza a todas luces desproporcionada y que no se compadece con el comportamiento de los precios de la energía en el mercado nacional. Es consecuencia de tener una entidad que no parece tener controles para asegurar su eficiencia pues está en poder de un clientelismo que se mezcla con la decena de sindicatos y ocasiona gravosas cargas a su operación.

Y si a eso se agrega la falta de vigilancia para asegurar que se preste un servicio eficiente y a la vez se proteja el interés común de los usuarios y verdaderos propietarios de Emcali, el resultado es el silencio casi absoluto sobre la verdadera situación de la entidad. De ahí que se presenten utilidades que ahora se le entregan al Municipio, se hagan anuncios sobre creación de nuevas empresas o sobre la compra de acciones en generadoras sin explicarle a los caleños cuál es el destino que lleva la que debería ser una entidad transparente.

Al parecer, de nada sirven los controles que deben ejercer su junta directiva, la contraloría municipal y el propio Concejo Municipal, además del que por ley aplica la Superintendencia de Servicios Públicos. Como se ha producido en los últimos dos años, los escándalos alrededor de los contratos con la alcaldía para el alumbrado navideño, sobre aquellos que terminan en la justicia penal, el intento por montar empresas para inversiones o sobre la ineficiencia y la corrupción, caen en el vacío de la impunidad que rodea una administración cuestionada por sus actuaciones.

Y nadie protege al usuario, el que a través de las tarifas está subsidiando un monopolio que no rinde cuentas a sus propietarios, todos los caleños. Esa es la realidad que muestra Emcali, mientras la ciudad paga los servicios públicos más caros de Colombia.