Mejorar, no destruir

No hay dudas de que el sistema de salud en Colombia adolece de grandes fallas y requiere ajustes para detener lo que va hacia una crisis de proporciones inmanejables. Pero tampoco se puede llegar a negar sus virtudes y desconocer sus logros para destruirlo e imponer las obsesiones y propósitos como el regreso a la estatización que se superó para fortuna de todos los colombianos.

La situación del sistema no es la mejor, y lo demuestra las cifras: según la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas, a las Instituciones Prestadoras de Salud, IPS, se les adeudan $13,8 billones a junio del presente año, el 72% de los cuales proviene del incumplimiento de las Entidades Prestadoras de Salud, EPS. En plata blanca eso es consecuencia de los servicios prestados a todos los ciudadanos a través de un sistema que reconoce la Salud como un derecho fundamental, lo que ha llevado a un cubrimiento del 98% de la población colombiana.

En esa abultada cifra que incluye el régimen subsidiado y el contributivo está presente también el incumplimiento del Estado en el pago de los subsidios y las cuotas por cada usuario. Y es claro que la intermediación de las EPS ha causado grandes inconvenientes, además de obligar a la intervención y liquidación de muchas de ellas, debido en gran parte a problemas de corrupción, de incumplimiento y de malas administraciones, lo que ha obligado a constantes cambios en el sistema desde la puesta en vigencia de la ley 100 de 1993.

Pero también es innegable que el casi ilimitado espectro de los servicios que deben recibir los pacientes es una de las principales falencias del sistema. La verdad cruda es que todos esos derechos que se reconocen en la legislación colombiana cuestan y alguien debe pagarlos, y que muchos de ellos desbordan el Plan Obligatorio de Salud, POS, el aporte que debe hacer el Estado por cada afiliado.

Esos problemas repercuten en el Valle, a cuyo sistema de salud pública le adeudan $800.000 millones, $200.000 millones de los cuales son irrecuperables. Y tienen en riesgo la subsistencia de entidades como el Hospital Universitario del Valle, fundamental para la salud en el suroccidente del país; el San Juan de Dios, al borde del cierre por sus cuantiosas deudas al personal que allí atiende o, el Hospital de Buenaventura que cubre una vasta zona de la región pacífica.

Pero ello no puede implicar que se desconozcan las bondades de un sistema que se ha venido ajustando a través del tiempo para lograr convertir en realidad ese derecho ilimitado a la atención que inspiró el reconocimiento de la salud como derecho fundamental. Y que ahora se pretenda regresar a las épocas en las cuales el Estado proveía el servicio y su mala administración llevaron a la decisión de construir un sistema en el cual la iniciativa privada puede participar, logrando los resultados y la cobertura que hoy merece reconocimientos nacionales y mundiales.

No es pues destruyendo lo que hasta ahora se ha logrado, sino ajustando el sistema para lograr mayor eficiencia y transparencia como se pueden resolver los innegables y agudos problemas que enfrenta la salud en Colombia.