Medidas oportunas

Luego de la sentencia de la Corte Constitucional que eliminó la prohibición de consumir drogas estupefacientes o alcohol en sitios públicos, corresponde a los alcaldes y a las autoridades locales usar su potestad administrativa para reglamentar lo que sin duda es un peligroso incentivo para la indisciplina social. Pueda ser que las medidas que se tomen no vuelvan a recibir el baldado de agua fría de una sentencia que ratifique la preeminencia del derecho al libre desarrollo de la personalidad sobre los derechos colectivos.

El Municipio de Cali anunció que tiene listos los decretos que prohíben el consumo y venta de estupefacientes y licores espirituosos en lugares de recreación y en cercanías a los establecimientos educativos. Es, según explicaron los voceros oficiales, la interpretación de la sentencia en la cual la Corte insinúa que “bajo circunstancias de tiempo, modo y lugar las autoridades ejerzan sus competencias regulatorias, siempre y cuando haya una afectación”.

Según esa definición, debe existir un daño demostrable en el consumo de las sustancias descritas para que el Estado, en este caso las entidades administrativas, limite el consumo. Algo evidente, puesto que la primera lesionada es la salud de los consumidores, lo que desencadena todo un proceso en el cual se involucran desde las autoridades de Policía hasta las entidades de salud, y en no pocos casos la integridad de los niños y adultos que frecuentan esos espacios.

En ese sentido, la decisión de la Administración Municipal deberá acompañarse de medidas y sanciones que le muestren a la ciudadanía la voluntad de evitar los graves perjuicios que causa la laxitud de la sentencia aludida, y de proteger a la comunidad del daño que ocasiona la permisividad frente al consumo de sustancias que sin duda afectan las relaciones sociales. Y en ese propósito, las autoridades necesitan de todo el respaldo ciudadano para lograr que cumplan con su objetivo.

Lo que sigue es remendar el hueco dejado por un fallo que no parece interpretar las realidades que se viven en Colombia. Más grave aún, que puede llevar a incentivar el narcotráfico, toda vez que no parece tener en cuenta que la libertad de consumo estimula la demanda y promueve la oferta de estupefacientes. Y todavía más complicado es que no considera los graves efectos que en ciudades como Cali tienen el expendio y consumo incontrolado de licores en el espacio público, como generadores de riñas frecuentes con el consiguiente aumento de lesionados o muertos.

Por ello hay que respaldar la decisión de tomar medidas en Cali para que las autoridades ejerzan el control que piden los ciudadanos. Pueda ser que no se vuelva a declarar ilegal la decisión de impedir que el derecho individual a consumir drogas y alcohol siga causando estragos en derechos comunes de toda la sociedad a la salud pública, a la tranquilidad y al orden que garantiza la convivencia y la tranquilidad en los espacios públicos.

Habrá que esperar los resultados de las medidas, así como las demandas y el respectivo pronunciamiento de la Justicia sobre la decisión del Gobierno Municipal.