Luego de la sentencia

Luego de la sentencia

Julio 22, 2019 - 11:55 p.m. Por: Editorial .

Después de muchas especulaciones y en medio de un debate de claro tono político que se quiso concentrar en los riesgos para la salud, la Corte Constitucional aclaró su fallo sobre la fumigación con glifosato de los cultivos ilícitos. En adelante, el Gobierno Nacional debe definir las condiciones que regirán para aplicar lo que es un recurso legítimo y necesario para combatir el narcotráfico.

El pronunciamiento de la Corte no varía sus sentencias anteriores y sólo aclara que la responsabilidad de aplicar la aspersión corresponde al Ejecutivo, respetando dos principios básicos: que se tomen las medidas necesarias para evitar los daños que se puedan causar a las personas y al medio ambiente, y que sea, en lo posible, el último recurso a utilizar en la lucha contra la ilegalidad y el enemigo que significan los cultivos ilícitos.

Eso significa que, como ocurrió en la administración del expresidente Santos, la decisión la tomará el Consejo Nacional de Estupefacientes, compuesto por cinco ministros, el Fiscal General, el Procurador General y el Comandante de la Policía. Y deberá hacerlo pensando en el bien común. Es decir, la necesidad de usarlo con las debidas precauciones, pero teniendo en cuenta que es una herramienta de gran importancia para el combate contra los cultivos ilícitos, de los cuales sale el combustible para el narcotráfico y muchas formas de delincuencia que padece Colombia.

Porque ese es el verdadero objetivo que debe perseguirse. Más allá de las observaciones y las críticas que se han hecho al glifosato y sus efectos en la salud, lo cierto es que esos argumentos se han usado para adelantar una campaña política que el país debe superar. No es posible que Colombia pueda continuar con doscientas mil hectáreas sembradas de coca mientras el Estado padece cada vez más limitaciones para enfrentar lo que sin duda es el gran enemigo de la tranquilidad, de la paz y de la legitimidad de nuestra Nación.

Es el narcotráfico que no da tregua y, además de enriquecerse en el mercado internacional, crece en las calles de Colombia, causando muerte y destrucción. Ese es el elemento que alimenta los grupos criminales ahora financiados por bandas venidas del exterior, los cuales crecen amparados por el debate sobre si el glifosato es o no un veneno, mientras esas organizaciones criminales aumentan sus ganancias e impulsan el terrorismo y la delincuencia común en las calles y veredas de Colombia.

Lo que sigue es establecer con claridad las líneas y los límites sobre los cuales se aplicará la fumigación aérea con glifosato. Entre tanto, es necesario mantener los programas de sustitución voluntaria y los incentivos que se han ofrecido a los pequeños cultivadores para lograr que ellos sean los promotores del combate a esos cultivos ilícitos.

Después de la sentencia de la Corte Constitucional debe quedar claro que el Estado no renunciará a usar la fumigación para combatir la principal causa de violencia en el país. Es el momento para derrotar el narcotráfico, rescatando el imperio de la ley y la soberanía del Estado legítimo en todo el territorio nacional.

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