Liquidar, ¿para qué?

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Liquidar, ¿para qué?

Octubre 03, 2019 - 11:55 p.m. Por: Editorial .

Después de la fuga de la excongresista Aída Merlano, se produjeron varias renuncias esperadas aunque lamentables. Y además, la Ministra de Justicia planteó liquidar el Instituto Nacional Penitenciario, Inpec, como solución a un problema que no parece tener fin posible, el de la crisis del sistema carcelario.

Fue sin duda una evasión vergonzosa donde se pusieron de presentes muchos errores y más de un asomo de corrupción en el manejo que se les da a los reclusos a cargo de esa polémica institución. Cómo es posible que a una reclusa se le permita salir con poca seguridad para hacerse un ‘diseño de sonrisa’, algo que de por sí no es una urgencia. Y cómo se permite que ella se encierre durante más de dos horas en un consultorio sin la presencia de quienes deben vigilarla, son sólo algunos de los interrogantes y las dudas que produjeron la renuncia del Brigadier General de la Policía que dirigía el Instituto y la destitución de la Directora y Subdirectora de la cárcel donde estaba recluida.

Junto con el ofrecimiento de recompensas para quien informe sobre el paradero de la fugitiva, esas renuncias y retiros forzados son actuaciones que eran de esperar ante la burla que la fuga de Merlano significó contra la Justicia colombiana. Pero la posible liquidación del Inpec es una propuesta que merece un análisis más profundo.

En las últimas décadas, el manejo de las cárceles es una sucesión de fracasos que ha llevado a la desaparición de entidades similares al Inpec y la designación de Generales de la Policía para su conducción. Además, el sistema carcelario es la entidad con mayor número de sindicatos en Colombia, lo que lleva a debilitar aún más la capacidad de respuesta al problema.

Esa realidad no se ha enfrentado como corresponde. El resultado es la debilidad que lleva a utilizar medidas destinadas a permitir la resocialización, como la casa por cárcel, para resolver los problemas de hacinamiento. Allí está también el germen de las condiciones en muchas ocasiones infrahumanas en que padecen los reclusos, y el reclamo en muchas ocasiones justificado para que se respeten sus derechos humanos.

Y al final, en esa especie de indolencia del Estado frente al problema carcelario y la ausencia de política penal y penitenciaria, está la corrupción que por décadas ha limitado el control de las autoridades sobre las cárceles, algo que llama al cambio sólo cuando se producen fugas como la de la excongresista o las otras 120 que se han registrado en el presente año.

Por eso, el asunto es mucho más profundo que acabar con el Inpec, como lo ha propuesto la señora Ministra de Justicia. La solución empieza con la definición de una política penal y penitenciaria acorde con las realidades de nuestro país. Además, con la destinación de los recursos que sean necesarios para atender las cárceles, para ofrecer servicios decentes a los reclusos y evitar que sigan siendo focos de reproducción de delitos, de complicidad con el delito y de fugas como las que se han registrado con frecuencia en lo que se suponen son cárceles de alta seguridad.

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