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Las fauces de la corrupción

Por ello le adjudicaron la contratación de 33 proyectos por valor de $485.289 millones en nueve departamentos. ¿Qué hace una entidad vallecaucana contratando al tiempo en Cesar, Nariño, Putumayo, Caquetá, Cauca o Chocó?

5 de julio de 2022 Por: Editorial .

Creada para impulsar el progreso y generar desarrollo en los 170 municipios definidos en el acuerdo de La Habana, los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial, Pdet, están hoy en el ojo de la tormenta. La corrupción, el favorecimiento, la manipulación y la intervención indebida e interesada de funcionarios que deberían garantizar la eficiencia en el uso de 6,6 billones de pesos y la transparencia en su ejecución, son objeto de un escándalo que reclama la actuación del Estado para defender recursos que son vitales para los municipios más pobres y afectados por la violencia en Colombia.

Las denuncias de Blu Radio y de viarios periodistas que participaron en la investigación sobre lo que ocurrió, desnudan las maniobras que se realizaban en el Órganos Colegiados de Administración y Decisión para la paz, Ocad-Paz, para distribuir los recursos en los Pdet: alteración del orden de aprobación de proyectos, cobro de coimas que llegaron al 15% del valor de los proyectos aprobados, interferencia de congresistas y personas ajenas, así como la actuación de funcionarios de Planeación Nacional y de la Contraloría, son algunas de las anomalías que se pusieron en conocimiento de los órganos de control hace dos años y aún no tienen respuestas.

Muchas de esas irregularidades fueron informadas por alcaldes, sin que tuvieran reacciones de la Procuraduría, de la Contraloría y de la Fiscalía; incluso el exconsejero nacional de Paz, Emilio Archila, puso en conocimiento de las autoridades respectivas algunas de las denuncias que recibió. Entre tanto, y como consecuencia de ‘afortunadas coincidencias’ casi todo el presupuesto de los programas que deben desarrollarse en diez años se adjudicó entre el 2020 y el 2021, incluida la posibilidad de contratar los ejecutores de esas obras en forma directa y a través de entidades de utilidad común que no tienen obligación de aplicar las normas de contratación.

Fue toda una maniobra que generó la desviación de $500.000 millones y la adjudicación de innumerables contratos sospechosos. Y, al parecer, nada de controles o de actuaciones oportunas que garanticen el objetivo de apoyar a las regiones y los colombianos más necesitados de la ayuda estatal para superar la tragedia que les dejó el conflicto.

En medio de esas denuncias apareció el Fondo Mixto para la Promoción del Deporte del Valle, entidad que depende de nuestro Departamento y a la cual le han ampliado sus funciones hasta otorgarle la capacidad de realizar cualquier cosa y en cualquier parte de Colombia. Por ello le adjudicaron la contratación de 33 proyectos por valor de $485.289 millones en nueve departamentos. ¿Qué hace una entidad vallecaucana contratando al tiempo en Cesar, Nariño, Putumayo, Caquetá, Cauca o Chocó? ¿Quién designa sus directivos? ¿Por qué no se tenía noticias sobre sus actos?

Nuevamente, Colombia conoce los efectos de la corrupción y el clientelismo que impiden resolver los problemas y las necesidades de quienes más necesitan de la presencia del Estado. Ocad-Paz, los organismos de control y la Justicia están obligados a responder por lo que ha sucedido.

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