La vía Mulaló Loboguerrero

Una de las obras de infraestructura más esperadas por Cali y el Valle es la carretera Mulaló-Loboguerrero, que debía haber sido puesta en operación hace cinco años pero cuya construcción, debido a problemas en la obtención de la licencia ambiental, aún no se inicia.

El costo de la vía, que tendría una extensión de 32 kilómetros, fue fijado inicialmente en unos dos billones de pesos. Y la importancia de la misma radica en que reducirá en un 25% el desplazamiento entre Cali y el puerto de Buenaventura.

En estos momentos el futuro de la obra es muy incierto, a pesar de que ya cuenta con la licencia ambiental que fue muy difícil de obtener, debido a los múltiples reparos que pusieron las comunidades asentadas en la zona que atravesaría la vía.

El problema ahora es que para iniciar las obras el concesionario, Proindesa s.a., reclama un ajuste en el presupuesto originalmente fijado, debido a que con el paso del tiempo esos costos se han incrementado de forma notable.

Ante la aparente falta de interés de la Agencia Nacional de Infraestructura en buscar una solución, el concesionario pidió la convocatoria de un Tribunal de Arbitramento al que le pidió la terminación del contrato, debido a los sobrecostos. Sin embargo, según manifiesta Proindesa, desde hace varios meses le mostró a la ANI su disposición de llegar a una conciliación frente a tales sobrecostos, con el fin de salvar la construcción de la vía.

Esa propuesta fue presentada el pasado 15 de septiembre y desde entonces se han realizado varias reuniones, en las que la ANI ha mostrado su disposición de conciliar, pero la respuesta oficial de la entidad hasta el momento no se ha producido.

El proyecto cuenta con el aval del Ministro de Hacienda, del Ministro de Transporte y del Presidente del Congreso. Incluso, la cartera de Hacienda manifestó su disposición de utilizar vigencias futuras para salvar la obra. Pero la realidad es que la salvación del proyecto no está en manos de ninguno de estos altos funcionarios, sino de la ANI.

El tiempo corre y el fallo del Tribunal de Arbitramento está cada vez más cerca. Por eso es fundamental que esa agencia estatal se pronuncie, a la mayor brevedad posible sobre la propuesta del concesionario. Si el Tribunal llega a ordenar la terminación de la obra, se frustraría, quizás para siempre, el sueño del Valle de tener una vía adecuada para comunicar a su capital con su principal puerto.

Sería imperdonable que un proyecto tan importante para la región y que tiene todos los estudios y permisos aprobados, así como un concesionario de experiencia y los recursos necesarios para ejecutarla, finalmente se hunda.

Urge que todos los estamentos del Valle: los gremios, el bloque parlamentario y la Gobernación unan esfuerzos para exigirle al Gobierno Nacional que no permita que este sueño del Valle, tan necesario para su conectividad y desarrollo, se frustre.