La vergüenza del Estado

Los escándalos del Instituto Nacional Penitenciario, Inpec, no son nuevos. Pero con cada denuncia sobre corrupción en el sistema carcelario que administra, como la presentada por Caracol Noticias, se destruye la credibilidad en la Justicia y el respeto al Estado de Derecho que se supone protege a la sociedad de los delincuentes y sanciona a éstos por sus delitos.

Los documentos fílmicos emitidos por el noticiero son un testimonio irrefutable sobre la manera en que un condenado por la Justicia sale a la calle, despacha desde sus oficinas, se reúne con personas ajenas al sistema penitenciario y luego regresa a su sitio de reclusión. Todo ello, acompañado por guardianes que lo conducen a los sitios que él desea y validos de autorizaciones para supuestas citas médicas.

La denuncia del periodismo independiente permitió conocer lo que es una burla a todos los colombianos. Burla que además es frecuente y ha cubierto desde personas acaudaladas como el señor Carlos Mattos, condenado por corromper a jueces y cometer fraudes, hasta dirigentes políticos como la señora Aída Merlano, quien se escapó aprovechando una supuesta cita odontológica. O como la tolerancia insólita con conductas y mafias dentro de las cárceles y las salidas de criminales de alta peligrosidad y autores de toda clase de delitos.

Basta tener los recursos suficientes para pagar los favores y la complicidad de quienes manejan las cárceles, de funcionarios judiciales que llevan los procesos y de quienes intervienen en todo el proceso. Y no sólo para otorgar favores como los que estaba recibiendo el señor Mattos, pues el servicio se extiende hasta la ubicación en los centros de reclusión, el otorgamiento de permisos o de la casa por cárcel, uno de los recursos más frecuentes para evadir las condenas o escapar de las prisiones.

La corrupción se ha devorado el sistema carcelario en Colombia, convirtiéndolo en un mecanismo que ofrece ventajas y prerrogativas siempre que se pague por ellas. Es un mal denunciado hace décadas, a pesar de lo cual no encuentra quién en las instituciones se atreva a resolverlo de fondo para proteger tanto los derechos de la sociedad como los de los detenidos y condenados. De ahí que se tomen medidas como designar a los policías encargados de velar por la seguridad ciudadana como directores del Inpec o carceleros.

Todo ello no se resuelve destituyendo al director del Inpec, a los de las cárceles o a los guardianes, o trasladando a los reclusos cuando no se han fugado, algo que se ha vuelto el recurso para desviar la atención sobre la responsabilidad política y jurídica que corresponde. O dejando que todo pase sin que se asuma el deber de adoptar una política penal y penitenciaria acorde con las necesidades de la Nación y blindada contra la corrupción que desmoraliza a la ciudadanía y produce rechazo.

Por ello, hechos como los descubiertos por los periodistas del noticiero, donde se muestra el desparpajo y la complicidad que permiten a un preso desconocer el ordenamiento jurídico, se convierten en vergüenzas permanentes que golpean y dañan la fe en las instituciones.