La verdad

“Hoy, sobre ustedes recae la culpa y la responsabilidad, no solo de los asesinatos directos, sino también de las madres, padres, esposas, hijos, hijas que murieron por causa de los secuestros que ustedes realizaron”.

El de Menfis, hija de Jesús Antonio Molano, secuestrado por el Bloque Oriental de las Farc en La Uribe, Meta, el 8 de marzo de 2005, y quien se encuentra desaparecido desde entonces, es solo uno de decenas de reclamos que durante tres días escucharon los colombianos que se dieron a la tarea de seguir la extenuante audiencia de reconocimiento de siete miembros del secretariado de esa extinta guerrilla, quienes a instancias de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, aceptaron su participación en la toma de rehenes, graves privaciones de la libertad y otros crímenes de guerra y de lesa humanidad que fueron cometidos en el marco del conflicto armado.

¿Qué significa que, tras más de 50 años de guerra, Rodrigo Londoño, conocido como 'Timochenko' en sus épocas de comandante guerrillero, y los demás excombatientes acepten que son culpables, por acción o por omisión, de abominables delitos que destruyeron familias enteras en distintas regiones del país?

Para ellos implica la posibilidad de no pagar una condena que les signifique ir a la cárcel, a menos de que se compruebe que dejaron sin reconocer algún crimen. Pero es más trascendental que, como quedó consignado en el Acuerdo de Paz, las víctimas de un delito cruel e inhumano como el secuestro puedan obtener las respuestas que necesitan para intentar seguir con sus vidas. Intentar, porque si en algo coincidieron los relatos es que los comparecientes están en la obligación de contribuir a recuperar la atropellada dignidad de quienes un día se llevaron en contra de su voluntad y la de los que se quedaron esperándolos a veces para siempre.

Y eso solo se garantiza si los 260 excombatientes acogidos a la JEP cumplen con uno de los máximos preceptos del sistema de justicia transicional que se pactó en La Habana: proporcionar una verdad exhaustiva sobre lo que pasó en medio de la guerra, ya no solo a partir de declaraciones de aceptación de responsabilidades, que para no pocos resultan vacías, sino de entregar la mayor cantidad de detalles sobre por qué atacaron a cada víctima, qué pasó con ellas y cómo transcurrieron sus días en cautiverio.

Preguntas vitales para que los seres queridos de quienes fueron secuestradas puedan hacer el duelo por su pérdida y avanzar en la sanación de las secuelas sicológicas y físicas que les dejó la guerra. Entonces, de Londoño, Pablo Catatumbo, Julián Gallo, Milton Toncel, Pastor Alape, Rodrigo Granda y Jaime Parra, especialmente, y de los mandos medios de los que se ha demandado esa información, depende que los colombianos sigan creyendo o empiecen a creer en la Paz como una posibilidad real de convivencia y de reconciliación.

Es de reconocer que en estos tres días los exjefes de las Farc han dado muestras de real arrepentimiento y de vergüenza por lo hecho. Pero quienes dieron la orden de secuestrar, extorsionar y asesinar a miles de colombianos tienen que ir más allá. Tienen que convencer, no a los magistrados de la JEP sino al país entero, de que verdaderamente se esfuerzan por mitigar el dolor de las víctimas sobrevivientes y de aquellos a quienes un día les arrebataron a sus seres queridos en nombre de una justicia social que no fue.