La verdad de la comisión

Luego de tres años y siete meses de intenso trabajo, la Comisión de la Verdad entregó su versión sobre el conflicto en Colombia. Su informe es el fruto de un compromiso para tratar de encontrar las razones, las causas, los actores, las víctimas y las responsabilidades sobre un drama que, según los comisionados, asesinó a 383.935 personas, secuestró a más de cincuenta mil, desapareció a decenas de miles y durante cincuenta años ha causado el horror en la nación colombiana.

Junto con la Justicia Especial de Paz, la Comisión de la Verdad fue producto del acuerdo para la terminación del conflicto con las Farc que se negoció en La Habana y se firmó de manera definitiva en el teatro Colón de Bogotá, hace cinco años y medio. Desde entonces, su labor se concentró en tratar de darle luz a lo ocurrido durante las épocas en las que se cometieron toda clase de atropellos y violaciones a los derechos humanos, en especial contra la población civil.

 “La mayor parte de las veces los combatientes actuaron orientados por una lógica del exterminio físico y simbólico de quien se consideraba enemigo por razones políticas, movimientos sociales o población civil a la que se estigmatizó desde diferentes bandos y grupos. Se trató de ganar la guerra controlando el tejido social”, dice el informe de 896 páginas.

Después de 23.000 horas de investigación y deliberación y 14.928 entrevistas individuales y colectivas a 28.562 personas, de trabajo de campo y colaboraciones espontáneas realizados por el organismo creado para tratar de saber lo ocurrido, el informe fija responsabilidades para todos los sectores de nuestra sociedad, incluidos los medios de comunicación. Sin entrar en los detalles que podrá conocer quien revise el documento, el esfuerzo trató de abracar lo que en concepto de sus autores fue el conflicto en Colombia.

Por supuesto, el análisis de su contenido y el debate sobre él implicará un esfuerzo nacional que permita llegar a acuerdos y decisiones para detener la violencia que aún persiste en nuestro país y para evitar que se repita lo que sin duda es la gran tragedia nacional. Pero debe decirse que la gran causa está en la falta de un Estado capaz de actuar para defender los derechos ciudadanos, acompañado de la falta de respaldo y de exigencia de la ciudadanía para que cumpla las obligaciones que debe tener con la sociedad que le da vida real a un conjunto de instituciones justificadas en la necesidad de garantizar orden y paz a través del acatamiento de la ley como árbitro supremo de esa sociedad.

Muchos serán los debates y las polémicas que desencadenará la verdad encontrada por la Comisión. Sin embargo, y reconociendo su intención de abarcar los aspectos del conflicto en nuestro país, debe decirse que no los cubre todos, que hay en un sesgo, además de plantear reformas de orden político e institucional que no le corresponden.

Por lo pronto, debe reconocerse la labor de la Comisión. En adelante, nuestra Nación está obligada a lograr un Estado de Derecho real que sea capaz de impedir que su ausencia siga siendo causa del horror narrado por el informe publicado esta semana.