La verdad ante todo

Saber la verdad sobre lo ocurrido con las víctimas y hallar a los responsables de los llamados falsos positivos, en un imperativo para cualquier nación que quiera encontrar la paz y evitar la repetición de la violencia. Sin embargo, usar esos procesos con intenciones políticas e involucrar a la Justicia en esos intentos, es causarle un daño a la credibilidad de los organismos encargados de descubrir la realidad de lo sucedido y sancionar sin contemplación a sus autores.

La reflexión anterior surge de las decisiones que ha tomado la justicia especial de Paz, la JEP que fue creada como alternativa para juzgar los crímenes cometidos dentro del conflicto con las Farc con el objetivo de encontrar la verdad y de reparar a las víctimas. Más allá del escepticismo que en su momento despertó su conformación y de los cuestionamientos a las facultades que se le entregaron mediante un acuerdo con la guerrilla, es de esperar que esa nueva y excepcional jurisdicción actúe con base en las leyes colombianas que reclaman imparcialidad a los jueces.

Por ello, sorprende que ahora la JEP diga que son 6402 los casos de falsos positivos cometidos por las autoridades legítimas, y que entre sus fuentes se encuentren “el Observatorio de Memoria y Conflicto del Centro Nacional de Memoria Histórica y la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos”. Y que, según sus conclusiones, tales hechos fueron cometidos entre el 2002 y el 2008, precisamente el gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez.

Es innegable que en nuestro país se cometieron esos hechos y no pueden aceptarse. Pero tampoco debe olvidarse que fueron denunciados por el Gobierno de entonces, entendido como tal el Presidente de la República y sus Ministros, entre los cuales se encuentra el expresidente Juan Manuel Santos a quien le correspondió tomar decisiones como entregarlos a la Justicia ordinaria.

Sin duda, la JEP tiene las facultades para investigar esos crímenes, fijar las responsabilidades a que haya lugar y sancionar a quienes encuentre culpables de tales atrocidades. Pero también tiene el deber de investigar y descubrir la verdad con el rigor que de ella se espera y acatando el debido proceso que debe aplicarse para que sus fallos tengan todo el respeto que merecen.

Lo que preocupa es que su comunicado y las declaraciones de su presidente, el magistrado Eduardo Cifuentes, se parecen más a una condena anticipada que a la búsqueda de la verdad procesal. Con un ingrediente demasiado grave para ignorarlo: el hecho de que se acusa a las autoridades legítimas y a la Fuerza Pública de cometer un genocidio al permitir 6402 asesinatos, sin tener las pruebas controvertidas e incontrovertibles de esa responsabilidad.

Que se investiguen hasta la saciedad esos crímenes es un deber ético y legal del Estado y la sociedad colombiana, lo cual debe ser realizado por la Justicia sea cual fuere su denominación. Así mismo, es imperativo castigar a quienes estén involucrados en unos hechos inaceptables. Pero hacerlo con anuncios basados en sospechas y pruebas extrajudiciales sólo contribuye a polarizar más a Colombia y a restarle más credibilidad a la JEP.